Desde finales de 2025, Diego dejó de entrar a Bet365 como lo hacía antes. La plataforma, una de las más conocidas entre los apostadores digitales en México, dejó de operar con normalidad y él optó por una salida tan común como sintomática: contratar una VPN para simular que se conecta desde España, que le cuesta 1,000 pesos al año.
Era una aplicación bastante completa en tema de apuestas y una lástima que le hayan descontinuado en México (…) tenías todos los partidos del futbol mexicano, incluyendo sus momios y cifras claras”, afirma a EL CEO.
Lo que para un usuario es una molestia, para la industria es la señal de un problema más grande: el negocio de las apuestas en México atraviesa una etapa de alta tensión entre tribunales, sanciones, autoridades regulatorias y un mercado que se mueve más rápido que sus propias reglas.
En el país, la industria del juego, los sorteos y las apuestas se ha convertido en una actividad con peso económico relevante. De acuerdo con estimaciones del sector, genera cerca de 200,000 empleos directos e indirectos y aporta alrededor de 0.5% del Producto Interno Bruto.
Sin embargo, el tamaño del negocio contrasta con un entorno cada vez más complejo: mayores impuestos, una oferta ilegal que gana terreno, disputas judiciales y la intervención de autoridades estadounidenses en casos de presunto lavado de dinero vinculado al crimen organizado.
Un mercado que juega con viejas reglas
La industria de juegos y apuestas en México no solo enfrenta litigios. También carga con un marco regulatorio que el sector considera rebasado por la velocidad del crecimiento del mercado digital, la expansión de operadores irregulares y la proximidad de un evento que elevará la demanda por apuestas deportivas: la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Miguel Ángel Ochoa Sánchez, presidente de la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta en México (AIEJA), ha advertido que la operación ilegal deteriora la competitividad de las empresas formales y limita la capacidad del sector para atraer nuevas inversiones.
Durante un encuentro internacional de iGaming a finales de marzo, el representante de la industria sostuvo que el Mundial generará una demanda extraordinaria de servicios de apuestas y entretenimiento, por lo que una regulación actualizada permitiría crear condiciones de competencia más justas frente a operadores irregulares.
Tan solo para 2026 también se prevé un aumento de entre 30% y 50% en algunos impuestos vinculados a juegos y sorteos, con una recaudación estimada de 5,024 millones de pesos, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Ingresos de la Federación.
Mientras que datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) indican que al tercer trimestre del 2025 en el país había por lo menos 5,256 casinos, ubicados principalmente en la Ciudad de México con 560, Yucatán con 493 y Jalisco con 393 casinos. Además de generar 199.857 millones de pesos, un 17.2% más respecto al trimestre anterior.
OFAC, FinCEN y el golpe transfronterizo
Si la batalla de Ganador Azteca con Bet365 y Betano, mostró el choque con la autoridad mexicana, las acciones de Estados Unidos evidenciaron un riesgo aún más profundo: que la industria del juego en México también sea vista como una vía de lavado de dinero con alcance internacional.
En noviembre de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) emitieron sanciones y alertas contra empresas vinculadas con la familia Hysa, originaria de Albania. Las medidas alcanzaron 10 casinos y 27 empresas de distintos sectores, desde restaurantes hasta una distribuidora de hidrocarburos.
Las autoridades estadounidenses acusaron a los Hysa de operar una organización criminal transnacional dedicada al lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa. Sus negocios, con presencia en Monterrey y operaciones en estados como Sinaloa, Sonora y Tabasco, también tenían conexiones en Canadá y Polonia.
El Tesoro ha impuesto sanciones y ha tomado medidas para cerrar numerosos establecimientos de juego con sede en México involucrados en el blanqueo de capitales relacionado con los cárteles”, indicó en su cuenta de X.
De acuerdo con registros empresariales revisados por EL CEO, la familia Hysa mantenía otras sociedades no sancionadas: Asesoría y Operación Turística, Amunra Corporation y Faberio, dedicadas a actividades turísticas, apuestas y comercialización de billetes de lotería y máquinas de juego.
La Fiscalía General de la República investiga desde al menos 2021 presuntos vínculos de integrantes de la familia con Ismael “El Mayo” Zambada. En 2022, su abogado, Marcelo Falce García, negó cualquier relación de Luftar, Arben, Fatos y Ramiz Hysa con el Cártel de Sinaloa e incluso afirmó que son “buenos ciudadanos”.
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