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26 de mayo 2022 | 8:47 am

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Rusia está avanzando en una nueva ley que le permite tomar el control de los negocios locales de las empresas occidentales que deciden irse tras la invasión de Ucrania por parte de Moscú, aumentando las apuestas para las multinacionales que intentan salir.

La ley, que podría entrar en vigor en unas semanas, otorgará a Rusia amplios poderes para intervenir cuando exista una amenaza para los empleos o la industria locales, lo que dificultará que las empresas occidentales se desenreden a menos que estén preparadas para recibir un gran golpe financiero.

 

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La ley para apoderarse de la propiedad de inversores extranjeros sigue a un éxodo de empresas occidentales, como Starbucks, McDonald’s y la cervecera AB InBev, y aumenta la presión sobre las que aún están allí.

Se produce cuando la economía rusa, cada vez más aislada debido a las sanciones occidentales, se sumerge en una recesión en medio de una inflación de dos dígitos.

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Siguen en Rusia IKEA, Burger King…

El prestamista italiano UniCredit, el banco austriaco Raiffeisen, la marca de muebles más grande del mundo, IKEA, la cadena de comida rápida Burger King y cientos de empresas más pequeñas todavía tienen negocios en Rusia.

IKEA, que detuvo todas las operaciones en Rusia, dijo que estaba siguiendo de cerca el desarrollo. Raiffeisen, indicó que estaba evaluando todas las opciones, incluida una salida cuidadosamente gestionada. UniCredit se negó a comentar, mientras que Burger King no respondió.

El proyecto de ley allana el camino para que Rusia designe administradores sobre empresas propiedad de extranjeros en países “enemigos”, que quieren abandonar el país a medida que el conflicto con Ucrania arrastra su economía.

Moscú generalmente se refiere a los países como “antipáticos” si han impuesto sanciones económicas a Rusia, lo que significa que cualquier empresa en la Unión Europea o Estados Unidos está en riesgo.

La Comisión Europea propuso endurecer su propia postura el miércoles para convertir en delito el incumplimiento de las sanciones de la UE contra Rusia, permitiendo a los gobiernos de la UE confiscar activos de empresas e individuos que evaden las restricciones contra Moscú.

Mientras tanto, en un movimiento que podría acercar a Moscú al borde del incumplimiento, la administración Biden anunció que no extendería una exención que permitía a Rusia pagar a los tenedores de bonos estadounidenses.

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Dolor económico en Rusia

Las salidas de firmas occidentales han enojado a los políticos rusos. El expresidente Dmitry Medvedev, quien ahora es vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, ha criticado a las empresas occidentales que se fueron.

 El gobierno está interesado en preservar los empleos y los ingresos fiscales. En primer lugar, el gobierno aplicará las reglas a las grandes empresas. Para evitar un administrador, las empresas deben demostrar que no están dejando sus negocios rusos en la estacada

  dijo Sergej Suchanow, abogado de la consultora de cumplimiento y gestión de riesgos RSP International.

Ulf Schneider, un consultor que trabaja con empresas alemanas en Rusia y un experto en la región con el grupo industrial BVMW, dijo que él y otros están trabajando en propuestas para permitir que las empresas extranjeras entreguen voluntariamente el control a un fideicomisario de su elección.

Eso podría convencer a Rusia de que está siendo responsable y, al mismo tiempo, se distancia. “La venta es una opción, pero las condiciones para una venta no son buenas”, dijo Schneider.

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¿De qué va el proyecto de ley?

El proyecto de ley describe cómo Rusia podría nombrar un administrador para empresas en las que al menos el 25% de las acciones están en manos extranjeras “poco amigables”.

Además, establece una amplia gama de criterios para la intervención, como cuando una empresa desempeña un papel fundamental como empleador local o proporciona servicios importantes. Deja en claro que el estado puede justificar tomar el control por muchos motivos.

El proyecto de ley cita el ejemplo de las empresas que fabrican dispositivos médicos, pero también enumera una serie de otros sectores, como el transporte y la energía, así como cualquier empresa cuyo cierre podría hacer subir los precios de las tiendas.

Al administrador designado por el estado también se le permitiría vender el negocio confiscado, mientras que a sus antiguos dueños se les prohibiría hacer negocios en Rusia.

Un tribunal o el Ministerio de Desarrollo Económico podría decidir poner a cargo a un administrador, como el banco de desarrollo ruso VEB.

El proyecto de ley pasó su primera lectura en la cámara baja del parlamento, o Duma, pero aún enfrenta dos lecturas más y una revisión de la cámara alta antes de que el presidente Vladimir Putin lo promulgue.

También, el Ministerio de Economía de Rusia dijo que elegiría empresas solo en “casos críticos” en los que fuera necesario proteger la producción o los puestos de trabajo.

Decenas de empresas extranjeras han anunciado cierres temporales de tiendas y fábricas en Rusia desde que Putin lanzó lo que llama una “operación militar especial” para desmilitarizar y “desnazificar” Ucrania.

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