La caída de la economía este año, y por ende la pérdida de empleos y la menor recaudación tributaria que traerá, amenaza con elevar los niveles de pobreza de México y con esto afectar las metas del presidente Andrés Manuel López Obrador de reducir la pobreza.
Para evitar un aumento acelerado en el ritmo de contagios por COVID-19, que ya ha cobrado la vida de por lo menos 226,173 personas, la mayoría de los países ha optado por el cierre de gran parte de la actividad económica.
Para este año, se estima una contracción de la economía mexicana de por lo menos 6%. Los efectos ya se sienten. Entre el 13 de marzo y el 6 de abril se perdieron 347,000 empleos formales, cuando en todo 2019 se crearon 342,000.
Por lo que de continuar con este ritmo, al cierre de abril 744,225 plazas formales desaparecerán.
“Para valorar lo anterior, considere que en el punto más álgido de la crisis de 2008-09 se llegaron a perder 602,000 empleos en un lapso de 12 meses”, dice Gerardo Esquivel, subgobernador de Banco de México en la nota ‘Pandemia, confinamiento y crisis: ¿Qué hacer para reducir los costos económicos y sociales?’.
Entre las acciones que ha implementado el gobierno federal están adelantar la entrega de programas sociales como la pensión para adultos mayores, becas y la pensión para niños con alguna discapacidad. Así como la entrega de un millón de créditos a pequeños negocios, entre otras.
La recesión implica desempleo. El punto es que los ingresos que pierden las familias por la desocupación no se compensan por los apoyos asistenciales, que son inferiores a los salarios que se pierden. Desde mi punto de vista, si la recesión sigue avanzando y el país cae más de 6%, vamos a tener cerca de 3 millones más de personas en pobreza
comentó José Luis de la Cruz, director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico.
Al cierre de 2018, México tenía 52.4 millones de personas en situación de pobreza, esto es 41.9% de la población, y 9.3 millones vivían en pobreza extrema.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) prevé que la economía de la región se contraerá 5.5% este año, con lo que la tasa de pobreza aumentaría 4.4 puntos porcentuales a 34.7%, es decir que habrá 28.7 millones de personas más que serán pobres.
La pobreza extrema crecería 2.5 puntos porcentuales a 13.5%, lo que representa un incremento de 16 millones de personas.
“También se deterioraría la distribución del ingreso. El aumento del desempleo resultaría en un incremento del índice de Gini de entre 1 y 2%, sin considerar el aumento adicional que provendría de la una caída en los ingresos del empleo que afecte en mayor medida a los hogares de menores recursos”.
Esto en un escenario en que la alta tasa de informalidad laboral de la región hace a los trabajadores muy vulnerables a los efectos de la pandemia y a las medidas para enfrentarla. En México 56% labora en la informalidad.
De acuerdo con Esquivel, los países emergentes se enfrentan a restricciones que no tienen los países desarrollados, por lo que no se puede esperar acciones de envergadura similar a las realizadas por estos.
La debilidad económica y el desempleo traerán consigo una menor recaudación tributaria, a lo que además hay que sumarle el desplome que han tenido los precios del petróleo, actividad que en 2019 aportó 10.79% a los ingresos del gobierno federal.
La Secretaría de Hacienda, encabezada por Alfonso Herrera, replanteó sus consideraciones para las finanzas públicas con un estimado del PIB de -2.9%.
Con este panorama, para 2020 espera un faltante de 296,961 millones de pesos para los ingresos presupuestarios, debido principalmente a una caída de los ingresos petroleros, no obstante, prevé que los ingresos presupuestarios no petroleros aumentarían en 117,780 millones de pesos.
Con los datos de Hacienda se puede estimar que una caída en la economía mayor en medio punto porcentual, implicará una baja de los ingresos no petroleros de 16,600 millones de pesos, por lo que una caída de 6% (frente al -2.9 puntual de Hacienda) implicará un faltante de casi 103,000 millones de pesos en los ingresos no petroleros.
“Es evidente que van a existir problemas de recaudación tributaria, sobretodo de abril a junio. Eso junto con la caída del petróleo y la plataforma de producción son una merma a lo que se había planeado”, dijo De la Cruz.
Por lo que a su parecer es por eso que el presidente ha mandado la propuesta al Congreso para tener la faculta de hacer ajustes al Presupuesto de una manera más discrecional. “Lo que busca es la capacidad de hacer ajustes sin pedir autorización al congreso, creo que lo que busca es tratar de garantizar que su proyecto”.
Gerardo Esquivel indicó que lo adecuado para la economía mexicana es un programa de emergencia que impida que el cierre temporal se vuelva estructural, por lo que es crucial evitar el quiebre de empresas y que esto ponga en riesgo la estabilidad del sistema financiero, pero esto no implica un rescate “indiscriminado de empresas”, sino impedir que la crisis económica se convierta en una crisis financiera.
Las medidas fiscales que Esquivel propone van desde un seguro de desempleo hasta el diferimiento del pago de contribuciones a la seguridad social para las mipymes, por mencionar algunas que, sumadas al programa de créditos del gobierno, cubrirían a un sector muy importante de la población afectada por la pandemia, y estima un costo de entre 0.8 y 1.2 % del PIB.
Ya se tendría que estar platicando de planes de reactivación económica. La pandemia va en un mes, mes y medio va empezar a decrecer y en ese momento se debe tener claro un programa de reactivación económica. Pensar que con la inercia de lo que se tenía antes del coronavirus se puede reactivar el país, me parece que puede quedar corto
dijo De la Cruz.
Lo anterior porque el riesgo de quiebra de varias empresas es muy elevado y no se tendrá la misma capacidad de inversión, por lo que se necesita un programa estratégico y una ruta critica para reactivar al país rápidamente en cuanto la fase de contagios más severos disminuya.
