SAT va por factureras con cambios al ISR, pero también ‘apretaría’ a empresas que pagan impuestos
La restricción del SAT parte del objetivo de limitar el uso de deducciones que puedan estar relacionadas con operaciones simuladas o con empresas factureras.
El nuevo cambio que plantea el gobierno federal para 2027 en el cálculo del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para las organizaciones —cuya aplicación estaría a cargo del Servicio de Administración Tributaria (SAT)— no solo afectaría a las empresas que utilizan facturas falsas para deducir impuestos, sino también a las compañías que tienen esclarecidas sus operaciones y cumplen con sus obligaciones tributarias.
De acuerdo con la propuesta presentada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dentro del Paquete Económico 2027, se plantea modificar el mecanismo para la aplicación de deducciones y pérdidas fiscales de las personas morales, específicamente aquellas con ingresos superiores a 50 millones de pesos.
La restricción parte del objetivo de limitar el uso de deducciones que puedan estar relacionadas con operaciones simuladas o con empresas factureras. Sin embargo, la medida también tendría efectos sobre contribuyentes que realizan sus operaciones de manera regular.
Fotoarte: Karla MuñozCambios al ISR pegarían a empresas que cumplen
Bajo este contexto, Santiago Vélez Suberbie, integrante de la Comisión Técnica de Investigación Fiscal del Colegio de la Contaduría Pública de México, señaló que el cambio tendría un impacto para los contribuyentes que sí cumplen con sus obligaciones fiscales.
Yo creo que tiene un doble efecto: pegarle a las factureras que tenían sociedades con pérdidas fiscales, pero también afecta a los contribuyentes normales”, subrayó.
Para el ejercicio fiscal 2027, se propone un mecanismo de control para la aplicación de deducciones en empresas con ingresos superiores a 50 millones de pesos, cuando estas superen 96.67% de sus ingresos acumulables.
El despacho de abogados mexicano Von Wobeser y Sierra (VWyS), agregó que se excluyen de la aplicación de este mecanismo a los contribuyentes que tributen como coordinados, los del sector primario, los que operen bajo el régimen de maquila (excepto respecto de ventas nacionales) y las empresas en situación de quiebra.
En cuanto a las empresas con ingresos por debajo de ese umbral, las deducciones autorizadas tendrían un límite de 99%, con lo que la autoridad pretende no afectar a empresas de menor tamaño o de reciente creación.
El cambio también contempla modificaciones en el uso de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. La propuesta plantea que las empresas puedan amortizar únicamente 50% de su utilidad fiscal. Para tratar de suavizar el cambio, se ampliaría de 10 a 20 años el periodo para aplicar dichas pérdidas.
No es la primera vez que Hacienda, sin detallar de qué administración, toma este criterio de atacar a factureras, y pues al final meten reformas que le pegan a los contribuyentes normales, los que sí cumplen”, afirmó Vélez Suberbie.
Mayor carga fiscal se extendería en el largo plazo
El especialista explicó que, de aprobarse la propuesta, las empresas que ya tienen cinco años operando y que alcancen ingresos de 50 millones de pesos comenzarían a enfrentar este esquema a partir de 2027.
Para las compañías de nueva creación se contempla un régimen transitorio que les permitiría contar con un periodo de cinco años antes de quedar sujetas al nuevo mecanismo, por lo que el ajuste comenzaría a aplicarse hasta el sexto año.
En ese sentido, Vélez Suberbie consideró que el cambio representa una carga tributaria de largo plazo, debido a que las empresas con operaciones fidedignas tendrían que pagar impuestos que anteriormente podían deducir mediante el uso de deducciones y pérdidas fiscales.
Es una mecánica totalmente nueva, y pues siempre estos contribuyentes estarán pagando impuestos, aunque sea un monto pequeño, a largo plazo, siempre van a tener un impuesto”, afirmó.
Este efecto podría encarecer los proyectos desde el punto de vista fiscal, un costo que eventualmente podría trasladarse a los consumidores finales y generar presiones sobre los precios cuando se trata de empresas de productos y servicios.
Será “muy fácil” para el SAT realizar el ajuste
En caso de que este ajuste se apruebe y entre en vigor a partir del próximo año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no tendría grandes retos operativos. Según Vélez Suberbie, será “muy fácil” fiscalizar de manera correcta estas nuevas disposiciones.
Explicó que las personas morales ya reportan en sus declaraciones anuales las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, por lo que la autoridad cuenta con esa información y podrá determinar la aplicación de los nuevos límites.
Es muy probable que por sistema, cuando esté la declaración anual de 2027, que es la que se presenta en 2028, el propio sistema te arroje lo que declaraste de cargas o pérdidas fiscales desde 2026, por lo que no habrá mayor problema. Va a ser extremadamente fácil de realizar e incluso para que lo monitoree”, señaló.
Fotoarte: Mariana FloresResico se ampliaría para empresas y personas
Mientras que algunos cambios al ISR aumentarían las restricciones para determinados contribuyentes, la propuesta también contempla ajustes al Régimen Simplificado de Confianza (Resico).
El gobierno busca elevar los límites de ingresos para que más personas físicas y empresas puedan incorporarse a este régimen. Para las personas físicas, el límite de ingresos pasaría de 3.5 a 5 millones de pesos, mientras que para las personas morales aumentaría de 35 a 50 millones de pesos.
Adicionalmente, según el despacho VWyS, el régimen pasa de ser obligatorio a opcional para personas morales, lo cual otorga flexibilidad a los contribuyentes para elegir el régimen que mejor se adapte a sus necesidades.
Además, detalló que se permite el reingreso al régimen para aquellos contribuyentes que hubieran dejado de tributar en el Resico, siempre que cumplan con sus obligaciones fiscales.
Es un deber del Estado promover el desarrollo nacional y crear las condiciones necesarias para el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales procurando el bienestar de la población, así como establecer las medidas que aseguren la contribución correcta y justa de las obligaciones fiscales”, señala la propuesta.
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