Tras los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano era la dependencia encargada de colaborar y vigilar que las viviendas dañadas durante el siniestro recuperaran condiciones de habitabilidad, sin embargo, falló en el objetivo, según considera el diagnóstico de la Auditoría Superior de la Federación.
En el segundo informe 2018, el organismo mencionó que Sedatu “no realizó una rendición de cuentas que permitiera constatar el avance en el proceso de reconstrucción o rehabilitación de las viviendas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017”.
El primer motivo fue poca confiabilidad entre los registros de los damnificados, por un lado la auditoría, encontró inconsistencias entre los beneficiarios, como datos faltantes. Por ejemplo, apellidos paternos, maternos o nombres o beneficiarios que no fueron identificados.
Además debía generar un “diagnóstico final” que incluyera el total de las viviendas dañadas por entidad según la magnitud del daño. En total se contabilizaron 172,052. A partir de dicho registro debía elaborar un plan de obras el cual consideraba 3,801 viviendas menos que el diagnóstico.
Ambos registros servirían de base para la dispersión de recursos en los cuales también hubo discrepancia pues el diagnóstico final consideraba 38% más recursos que el plan de obras y según la auditoría, Sedatu no explicó ni documentó las causantes de esas diferencias.
Poco acompañamiento
Además de la dispersión de los recursos la dependencia tenía entre sus atribuciones el acompañamiento técnico para que la rehabilitación de las casas dañadas se hiciera conforme a normas y cumplieran con seguridad para volver a ser habitables, sin embargo al cierre del 2018 se quedó corta.
El informe, indica Sedatu, comenzó la atención a 145,910 de las viviendas con daños totales, aunque solo 14% tuvieron un avance mayor al 75% de recuperación y no supervisó a 111,628 viviendas afectadas con daño parcial.
“Al realizar una deficiente supervisión, limitó tener certeza sobre los avances logrados en la reconstrucción o rehabilitación de las viviendas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, y si las viviendas afectadas han recuperado las condiciones similares previas a las que prevalecían antes de los sismos” indica el informe.
Por otro lado solo supervisó la reconstrucción de 59,380 viviendas con daño total, es decir 34.9% de todas las que resultaron inhabitables.
Esas discrepancias no justificadas, según la auditoría podrían significar posibles riesgos en el uso de los recursos destinados y son muestra de un inadecuado control por parte de la secretaría.
“La dependencia entregó 2,378 tarjetas equivalentes a 117,820.0 millones de pesos aun cuando presentaron discrepancias en su información; y a que aun cuando los Lineamientos de Operación Específicos del FONDEN señalan que se deben supervisar esos trabajos, la dependencia sólo reportó que se supervisó a 59,380, por lo que desconoció si los beneficiarios pudieron reconstruir o rehabilitar sus viviendas” concluyó.
