En la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha cobrado relevancia no solo desde sus funciones de seguridad nacional, sino que se ha convertido en una de las constructoras predilectas del gobierno federal.
La Sedena se involucró en el aeropuerto de Texcoco, aunque actualmente trabaja en la construcción del aeropuerto Felipe Angeles en Santa Lucía, la refinería Dos Bocas y está próxima a incorporarse en los últimos tramos del Tren Maya, además de las obras físicas exclusivas de uso del ejército.
De su actuación en los megaproyectos los resultados de la auditoría serán publicados durante los primeros meses de 2021, sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación ya tiene la mira puesta en los proyectos.
En la revisión de la cuenta Pública 2019 seleccionaron tres proyectos: la Construcción de la Unidad Habitacional Naval Veracruz II, en Veracruz; la Unidad Habitacional Militar Tapachula III, en el Estado de Chiapas, y el Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz de México.
El primer proyecto consiste en cinco edificios multifamiliares de cuatro niveles con cuatro departamentos de 123.58 metros cuadrados cada uno, además de la urbanización de la zona, por un monto total de 106.3 millones de pesos.
En esos trabajos, uno de los principales hallazgos de la ASF fue que se realizaron convenios modificatorios en los contratos, que por un lado incrementaron el tiempo y aumentaron también el monto erogado.
En la cuenta pública reportaron haber pagado 94,588,280, no obstante, ese monto tiene un diferencial de 940,229 pesos en comparación con los gastos comprobados.
Aunque la ASF destacó que aunque se entregaron siete facturas, la observación subsiste, pues “no acreditó la erogación de Grupo Funcional de dichos importes, toda vez que no entregó los comprobantes de su pago, cuentas por liquidar certificadas, transferencia electrónicas o estados de cuenta”.
El segundo fue a la construcción de la Unidad Habitacional Militar Tapachula III, en Chiapas.
Se trata de cuatro edificios integrados por 12 viviendas cada uno, distribuidos en tres niveles, además de una torre de ocho viviendas, además de la urbanización de la zona. El presupuesto asignado para dicho proyecto fueron 104.7 millones de pesos.
Del mismo modo que en el proyecto de Veracruz, el costo de construcción de la unidad habitacional fue menor al monto asignado, en total erogaron 95.6 millones de pesos, sin embargo, también se hallaron inconsistencias con lo reportado.
Según el reporte de la ASF, el importe pagado reportado es 999,400 pesos más que el importe contratado. El incremento se debió a una planeación deficiente
En los citados dictámenes técnicos, el Supervisor de Obra del ISSFAM y el Residente de Obra de la SEDENA manifestaron que entre el proyecto y el presupuesto autorizado para su ejecución, se detectaron conceptos que no correspondían entre sí, por lo que era necesario eliminarlos del presupuesto, además, se adicionaron nuevos conceptos no contemplados en el proyecto para un mejor funcionamiento y presentación de la obra; asimismo, se declaró que se presentaron errores en la descripción de los conceptos, modificaciones al proyecto y cambio de precios unitarios.
indica el informe
En el caso del Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz de México, la obra tenía el objetivo de desarrollar instalaciones para el entrenamiento de la infantería, lo que incluye zonas para la dirección, subdirección, sala de juntas, dormitorios para un batallón, además de dormitorios individuales para instructores y cursantes nacionales y extranjeros, plaza de maniobras con asta bandera, comedor, áreas deportivas y edificio de servicios generales.
Para el entrenamiento se construyeron cuatro aulas con capacidad para 25 personas cada una, un auditorio para 228 personas, laboratorio de idiomas, sala de cómputo, base de operaciones, una torre de vigilancia tipo ONU, pista para conducción de vehículos 4×4, puestos de control, módulos de adiestramiento para diversos escenarios o contingencias y un Helipuerto.
El monto programado ascendió a 280 millones de pesos.
La ASF destaca en su informe que en la ejecución de dichos trabajos se presume un posible daño o perjuicio por 411,761.64 pesos derivados de pagos realizados fuera de norma, principalmente en incrementos por acarreo de material.
Además de un posible daño a la Hacienda por 295,216.19 pesos por conceptos de pagos sobre estimados en la adquisición de materiales, así como un pago fuera de norma de 883,000 pesos por conducto del residente de obra y su supervisor, esos pagos se reportaron como contrataciones de un auxiliar técnico y dos veladores, sin embargo no se documentó la contratación.
