La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó este miércoles de manera indefinida la discusión y resolución de la controversia constitucional 89/2020 emitida por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) contra la política energética de la Secretaría de Energía (Sener).
En una sesión virtual, los ministros acordaron poner en lista de espera el proyecto elaborado por el ministro Luis María Aguilar Morales.
El 22 de junio del 2020, la Cofece presentó esta controversia constitucional en contra de la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico que publicó la Sener en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 de mayo del 2020.
La política violenta los principios fundamentales de competencia y libre concurrencia
expuso en su momento el regulador en un comunicado.
La Cofece, a cargo de Alejandra Palacios, indicó que la política de la Sener es contraria al contenido de los artículos 16, 28 y 133 constitucionales, así como a las leyes aplicables en materia de electricidad.
El instrumento publicado en el DOF afecta de manera grave la estructura económica del sector de electricidad, ya que elimina la posibilidad de que este opere en condiciones de competencia y eficiencia, insistió el regulador.
La nueva política, que también modifica las reglas sobre quién puede generar electricidad, en qué cantidad y que fija nuevas reglas para las centrales renovables, ya ha sido recurrida en tribunales locales, que han amparado ya a muchas empresas con recursos legales para frenar su aplicación.
La Cofece cuenta con una suspensión provisional contra la política publicada por la Sener.
La disputa se da en medio de una manifiesta intención del presidente Andrés Manuel López Obrador de favorecer a las empresas estatales de energía, la CFE y Pemex, y ha insinuado la posibilidad de revertir una reforma energética llevada a cabo en el anterior gobierno, que abrió por completo el sector a la inversión privada.
El mandatario considera que la reforma energética favoreció al capital privado en detrimento de la CFE y de Pemex, que pasan por una delicada situación financiera.
Analistas y empresarios siguen atentos a la discusión de la controversia constitucional en la Corte, pues podría marcar el rumbo a seguir en los próximos años.
“Podría generar un precedente que inhiba inversiones el sector de las renovables, pero que ponga en alerta a otros participantes del sector ante la fragilidad institucional”, dijo Pablo López, investigador del Tec de Monterrey.
El debate en la Corte se da también en medio de una campaña del presidente en contra de los organismos autónomos, como la Cofece o el INAI, a los que quiere llevar de vuelta bajo tutela del Ejecutivo pues asegura que son costosos y propician la corrupción, cuyo combate ha sido la bandera de su gestión.
Con información de Reuters
