La ministra de Relaciones Exteriores del Perú, Ana Cecilia Gervasi Díaz, dio a conocer que, junto a la presidenta Dina Boluarte, se tomó la decisión de convocar a consultas a sus embajadores de países donde se apoya al expresidente Pedro Catillo.

Los gobiernos izquierdistas de la región han señalado que Castillo sufrió de “hostigamiento” desde que asumió la presidencia del país andino. Además, han exhortado a las actuales autoridades abstenerse de revertir la decisión que la población tomó en las urnas.    

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es uno de los mandatarios que más crítico se ha mostrado por la destitución de Castillo, calificandola incluso de un acto “antidemocrático”. Fiel a la tradición del país, ha ofrecido asilo político al exmandatario.

Durante su conferencia de prensa del martes 13 de diciembre, el titular del Ejecutivo mexicano indicó que las relaciones diplomáticas con Perú se encuentran “en pausa” e hizo un llamado para encontrar una salida democrática. 

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Nombramiento y destitución de Castillo

Tras los comicios del 6 de junio de 2021, Pedro Castillo fue declarado por el titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como el nuevo presidente del Perú al derrotar a la candidata derechista, Keiko Fujimori. 

Previo a asumir la presidencia, Castillo había destacado por liderar la huelga de maestros

Sin embargo, la administración que debía mantenerse hasta julio de 2026 llegó a su fin el pasado 7 de diciembre luego de  ser destituido por el Congreso, al cual buscaba cerrar.

Tras su salida del gobierno, la entonces vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió el liderazgo del país al asegurar que la decisión de Pedro Castillo agravaba “la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley”.

La salida de Castillo del poder ha provocado una serie de disturbios en el país, pues hay quienes acampan fuera de la prisión de donde se encuentra a la espera de la decisión de la Corte Suprema de Perú que determinará si estará encerrado por 18 meses por los cargos de rebelión y conspiración. 

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Con información de Reuters