El lobby de Bayer-Monsanto opera en gobiernos de Claudia Sheinbaum y Donald Trump

Desde 2023, México cuenta con una prohibición gradual al glifosato, un herbicida considerado por la OMS como un probable cancerígeno. Pero el 7 agosto de 2025 se intentó cambiar la narrativa oficial: Manuel José Bravo Pereyra, presidente de Bayer México, declaró durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum que este químico es seguro.

Exfuncionarios, científicos y activistas entrevistados por EL CEO –y que participaron en la alianza que impulsó dos decretos firmados por Andrés Manuel López Obrador para eliminar al agroquímico– consideraron este episodio como un retroceso, al asegurar que se evidenciaba la influencia de la agroindustria dentro del gobierno federal.

La declaración del representante de Bayer no fue un hecho fortuito. Una investigación de EL CEO revela que este sector cabildea y mantiene una estrecha relación con altos funcionarios al interior de las las administraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, y de su homólogo estadounidense, Donald Trump.

La red que opera en México y EU

Se trata de un bloque alineado a la agenda de empresas como Bayer-Monsanto, Syngenta, BAFS, entre otras, y que está tomando fuerza en medio del nuevo panorama del T-MEC, que ahora estaría siendo revisado anualmente.

A esta red se suman cabilderos, organizaciones civiles y cámaras empresariales en ambos lados de la frontera, que están presionando a funcionarios respecto a regulaciones, políticas públicas, alianzas, acuerdos, amparos y fallos a favor de este tipo de empresas.

Ante una solicitud de postura, Bayer dijo a EL CEO que su práctica de cabildeo es habitual.

“Participar en el proceso político es una práctica normal para empresas, instituciones y organizaciones no gubernamentales. En Bayer participamos de manera ética y transparente para apoyar a nuestra industria y a nuestro negocio. A través de asociaciones, cámaras empresariales y otros espacios institucionales, aportamos información técnica y experiencia sectorial para contribuir a la discusión de temas relevantes para el campo y la cadena agroalimentaria”, declaró la compañía de origen alemán.

Los cabilderos en acción

Erica L. Hagman Aguilar, investigadora independiente en temas de soberanía alimentaria, control sanitario de plaguicidas, y bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, explica en entrevista con EL CEO que si bien la prohibición sigue vigente, en la realidad los funcionarios de la administración de Claudia Sheinbaum lo congelaron, pues a la fecha se desconocen los avances para que México haga la transición a los bioherbicidas.

Hagman Aguilar también detalla que han existido intentos en el Poder Legislativo para retomar el veto y contemplarlo en la Ley General de Salud, pero los cabilderos de la agroindustria —conformados “organizaciones fachada”— han acudido a esas discusiones, y han presionado para colocar su agenda.

A esto se suma que a finales de 2024, México perdió el panel de solución de controversias en el marco del T-MEC sobre maíz transgénico ante Estados Unidos.

Esta situación generó confusión, pues en febrero de 2025, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard —y no la presidenta Sheinbaum—, emitió un decreto para quitar la prohibición a la importación del maíz transgénico, sin embargo, no especificó que seguía vigente el veto al glifosato.

El silencio ante Bayer

En aquella conferencia “mañanera” de agosto de 2025 –que inicialmente se centraba en la industria farmacéutica–, José Bravo Pereyra, presidente de Bayer México, expuso que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) había “confirmado la seguridad del glifosato”; sin embargo, en el papel la institución lo sigue considerando nocivo.

Bayer dijo a EL CEO que en efecto la Cofepris no ha confirmado la seguridad del del herbicida, pues solo está sujeto “a los procesos de evaluación y registro sanitario”.

A pesar de que la prohibición está vigente por el mandato presidencial, ni el secretario de Salud, David Kershenobich; ni el de Economía, Marcelo Ebrard, contradijeron el mensaje de Bayer, una corporación que compró en 2018 a Monsanto, el principal productor de glifosato bajo la marca Roundup.

‘Sheinbaum repite la propaganda de la industria’

La presidenta Claudia Sheinbaum tampoco ha sido contundente sobre el veto del glifosato, inclusive en diciembre pasado mencionó que se sigue buscando “una alternativa” al químico, pero desde 2024 ya hay al menos cinco bioherbicidas con registro sanitario ante Cofepris —y con capacidad de producción masiva—.

En marzo pasado, la mandataria federal también hizo referencia al panel de controversias del T-MEC que México perdió ante EU y aseguró que incluyó la prohibición al glifosato; pero fue una declaración imprecisa.

EL CEO revisó el informe final del panel, el cual aclara que la controversia estadounidense no contempla la prohibición del glifosato. Por esa razón los decretos firmados en el sexenio pasado siguen vigentes.

“A la presidenta sus secretarios le han pasado información errónea, o la están engañando, porque en el panel no entró el tema del glifosato. Ella claramente sabe de temas de agroecología y no es posible que hable de un solo sustituto cuando ya hay varias alternativas. Está repitiendo toda la propaganda de la agroindustria“, dijo a EL CEO una fuente que asistió al panel de controversia del T-MEC.

La prohibición a pesticidas “obsoletos”

En noviembre de 2025, la mandataria además emitió un decreto que establece la prohibición de 35 herbicidas. El comunicado oficial refiere que la medida se hizo en coordinación con la industria y acorde a los estándares de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Este decreto no incluyó herbicidas como 2,4-D, paraquat, glifosato, entre otros que más se importan a México. Tan solo en 2021, las ventas en el país por plaguicidas fue de 1,260 millones de dólares, de acuerdo con el Atlas de los Plaguicidas de la Fundación Heinrich Böll.

La cifra creció exponencialmente, pues durante el periodo 2010-2020, las importaciones apenas alcanzaron los 1,667 millones de dólares, según documentos internos de las secretarías de Agricultura y la de Economía, en poder de este medio.

El investigador Fernando Bejarano, director de la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (Rapam), explicó a EL CEO que esta medida favoreció a la agroindustria, pues no resuelve la verdadera crisis causada por la dependencia de un modelo agrícola intensivo basado en el uso de agroquímicos altamente tóxicos.

“Los plaguicidas incluidos en la lista corresponden, en su mayoría, a moléculas obsoletas, retiradas de mercados internacionales desde hace años y con registros cancelados en nuestro país. En este sentido, el decreto no representa un cambio sustancial que tenga un impacto en el uso real de los plaguicidas altamente peligrosos (como el glifosato) que se continúan comercializando”, detalló Bejarano.

La agroindustria y el gabinete de Sheinbaum

Antes de dejar la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en mayo pasado, Julio Berdegué Sacristán –quien ahora es asesor de temas internacionales del campo en la revisión del T-MEC– tuvo encuentros y firmó alianzas con organizaciones aliadas de instituciones internacionales o empresas como Bayer-Monsanto.

Tres fuentes cercanas a este caso comentaron que diversos funcionarios de Sader han favorecido a la agroindustria, y acusaron a Julio Berdegué de no haber declarado un posible conflicto de intereses, debido a que su hermano Mariano Berdegué, es un funcionario de Cargill, una de las empresas agrícolas más grandes de Estados Unidos; además de trabajar durante 13 años en Monsanto, uno de los principales productores de glifosato.

Este detalle toma mayor relevancia porque además de su hermano, Mariano es o fue socio del exsecretario Berdegué en negocios del ramo turístico en Mazatlán, Sinaloa.

Últimas acciones de Berdegué en Sader

El 18 de abril pasado, el exsecretario Berdegué tuvo una reunión con Stefan Schmitz, director ejecutivo de The Crop Trust sobre oportunidades de colaboración, esta organización alemana promueve el uso de plaguicidas como una herramienta para los agricultores, además es financiada por Bayer División CropScience.

Ese mismo mes, Berdegué Sacristán también firmó el Acuerdo General de Cooperación y Gestión de Proyectos con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), un organismo que apoya a la agroindustria y que tiene diversos proyectos con Bayer.

De hecho Julio Berdegué trabajó anteriormente en IICA, al igual que el exsecretario de Agricultura Víctor Villalobos Arámbula, quien fue director de ese organismo.

Además, la Sader firmó un Convenio de colaboración para fortalecer la producción agropecuaria sustentable con The Nature Conservancy, que tiene algunos programas financiados con Bayer; sin embargo, esta organización es señalada por prácticas de greenwashing, es decir, hacer alianza con grandes corporaciones para mejorar su imagen haciendo creer que sus procesos son ecológicos y sostenibles.

El extitular de Sader mantuvo diversos encuentros el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), el cual está aliado con CropLife America y CropLife Latin America, que son organizaciones empresariales que agrupan a las compañías de herbicidas como Bayer-Monsanto.

El lobby mexicano

En México, el brazo que actúa como lobby está conformado por el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos A.C (UMFFAC), el Consejo Nacional Agropecuario y la asociación de Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología (Proccyt), de acuerdo con una extensa revisión documental de EL CEO.

Todas a su vez están vinculadas CropLife y sus filiales Croplife Latin America y CropLife America, cuyos integrantes presionaron desde 2019 a decenas de burócratas de Estados Unidos para que estos reclamaran a funcionarios mexicanos por su postura contra el glifosato, según correos electrónicos obtenidos por la organización U.S. Right to Know (USRTK) y publicados por el diario The Guardian.

Los mails obtenidos por USRTK revelan que funcionarios de Bayer y CropLife America pidieron a burócratas del gobierno de Donald Trump llevar el tema de la regulación del glifosato en México a las conversaciones del T-MEC.

A la par, CropLife, preguntó a funcionarios de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) “cómo podríamos usar el T-MEC para abordar estos problemas (la prohibición del glifosato)”.

El lobby en el gobierno de Trump

La periodista Stacy Malkan de la organización U.S. Right to Know documentó que 22 altos funcionarios de la administración de Donald Trump tienen vínculos con la red de cabildeo o legal de Bayer.

Malkan también reveló una red de 45 cabilderos que ejercen presión en nombre de Bayer. Debido a que esos datos son públicos, la periodista pudo detectar 13 agencias de cabildeo, de las cuales siete tienen alguna relación directa con Trump.

Los más destacados lobbistas de Bayer son: Susie Wiles, jefa de gabinete de Trump; y Pam Bondi, la fiscal general de Estados Unidos. Ambas trabajaron en Ballard Partners, una agencia de cabildeo que ha ejercido presión a favor de Bayer y que también recaudó 50 millones de dólares para la campaña de Donald Trump en 2024.

Otro cabildero es Mike Rubino, socio de Ballard Partners, fue asesor principal de la campaña de Trump en 2016. Fue nombrado alto funcionario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos en 2017, durante el primer mandato del republicano.

Bayer destina  9 mdd en cabildeo

La organización USRTK publicó un informe sobre los esfuerzos de Bayer por influir en los legisladores estatales de todo Estados Unidos, mediante grupos de presión como Modern Ag Alliance.

Tan solo en 2025, Bayer declaró haber gastado 9.19 millones de dólares en actividades de cabildeo ante el Congreso de Estados Unidos y en la Casa Blanca.

En lo que va de 2026, U.S. Right to Know reportó diversas acciones de Donald Trump que han beneficiado a Bayer; por ejemplo, firmó una orden ejecutiva que declara a los herbicidas a base de glifosato y fósforo elemental como elementos críticos para la defensa nacional.

Con esta acción se prioriza la producción de glifosato y fósforo elemental, siendo Bayer el único fabricante en EU.

El inicio de la ‘guerra’

En abril de 2020, antes de la publicación del primer decreto contra el glifosato, exfuncionarios como Alfonso Romo, entonces jefe de Gabinete; Víctor Villalobos, secretario de Agricultura; y Julio Scherer, asesor jurídico de AMLO, operaron a favor de la agroindustria para impedir la prohibición.

En cambio, las figuras opositoras crearon el Grupo Intersecretarial de Salud, Alimentación, Medioambiente y Competitividad (Gisamac), esos funcionarios propusieron un nuevo modelo agroecológico, pero con el tiempo recibieron amenazas, presiones, decidieron dejar su cargo o trabajan en otras áreas de la administración pública, de acuerdo con un rastreo realizado por EL CEO.

Entre los agroecologistas más importantes en la administración de AMLO fueron la excoordinadora del Gisamac, Cecilia Elizondo; Víctor Suárez, exsubsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura; Víctor Toledo, exsecretario de Medio Ambiente –reemplazado posteriormente por María Luisa Albores–; Elena Álvarez-Buylla, de Conacyt, entre otros.

Presiones y amenazas contra agroecologistas

En 2020, el exsecretario de Medio Ambiente, Víctor Toledo declaró que recibió presiones y señaló a Alfonso Romo de favorecer los intereses de varias corporaciones. Después renunció, luego que un grupo irrumpió en su casa y dejó un manchón blanco similar al glifosato esparcido en su techo. Fuentes señalaron que para el exsecretario eso representó “una amenaza de muerte”.

El veto al glifosato tenía como meta prohibirlo completamente en marzo de 2024, pero el expresidente Andrés Manuel López Obrador pospuso la medida porque aún no había sustitutos sin tóxicos; sin embargo, tras bambalinas ocurrieron diversas presiones.

EL CEO tuvo acceso a documentos que evidencian que en ese momento sí se contaban con diversos sustitutos al glifosato. Las secretarías de Agricultura, Medio Ambiente y con ayuda del entonces Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías de México (Conahcyt) realizaron 85 proyectos de investigación, donde participaron más de 700 expertos, junto con 100 instituciones académicas, campesinas y de la iniciativa privada.

Una fuente dijo a EL CEO que la entonces secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, y del extitular de Sader, Víctor Villalobos, presionaron a María Elena Álvarez-Buylla, directora de Conahcyt, para que le dijera al presidente López Obrador que era imposible la prohibición.

La presión fue tal que los secretarios habrían insultado a María Elena Álvarez-Buylla. “Tú no eres científica”, fue uno de los reclamos, según la fuente consultada.

Las operaciones silenciosas de la agroindustria

Desde inicios de 2024, bioherbicidas como Contronat, Herbi-O, HERBITECH, Axxe y EMERION 7700 ya cuentan con registro sanitario ante Cofepris. Es decir, los sustitutos del glifosato y otros agrotóxicos ya están autorizados.

Sin embargo, la Cofepris siguió emitiendo permisos para la importación de glifosato hasta diciembre de 2024, según documentos disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia.

La investigadora Erica L. Hagman Aguilar dijo a EL CEO que antes que entrara en vigor la prohibición, las empresas importaron toneladas del herbicida, y por tanto, aún debe estar almacenado.

“Hay glifosato almacenado para muchos años, pero lo que se establece en el decreto es que ya no puede ser comercializado, pero no sabemos quién está vigilando que se cumpla. Cofepris tiene que quitar y revocar los registros sanitarios”, asegura Hagman Aguilar.

La experta en el control sanitario de plaguicidas también detalla que el glifosato solo es uno de tantos herbicidas que tiene la agroindustria, y que aún son comercializados sin problemas.

El avance de la agroindustria en áreas estratégicas de la administración pública, es el nuevo escenario donde México, Canadá y Estados Unidos revisarán anualmente su tratado comercial.

Respuesta de Bayer

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