El Presidente López Obrador advirtió que su gobierno discutirá los cambios a la Ley de Hidrocarburos hasta las últimas instancias. Sin embargo, la mala técnica jurídica que la administración ha mostrado en sus procesos anteriores hace pensar que los tribunales tampoco tendrán la respuesta que busca el Ejecutivo, coincidieron analistas.
“Lo que le resta al Presidente a través de la Consejería Jurídica es el recurso de revisión para el caso de las suspensiones definitivas que ya salieron, mientras que de las provisionales aún tiene el recurso de queja. Habría que ver cómo lo plantean, porque el artículo 59bis está combatible (…) pero la técnica jurídica que vimos aplicar con la Ley de la Industria Eléctrica no fue la mejor, y no creo que esta sea la excepción”, comentó Santiago Arroyo, abogado del sector.
Arroyo explicó que los argumentos de algunos de los amparos presentados hasta el momento son bastante cuestionables, por lo que un abogado con experiencia en el sector podría discutirlos de forma eficiente frente a los juzgados. No obstante, advirtió que la consejería jurídica de Presidencia está enfocada en el discurso político, en parte por la carrera de sus integrantes.
Los nuevos amparos, que tomaron más tiempo para construir sus argumentos, serán más difíciles de combatir, pues la constitución respalda los planteamientos bien hechos en materia de afectación a las empresas del sector, dijo.
El abogado destacó también que los plazos para que el Gobierno presente recursos son muy cortos, por lo que tendrían que presentarse entre el viernes y el próximo lunes, dependiendo de las demandas de amparo específicas. Por esta razón, la Secretaría de Energía ya solicitó una prórroga para presentar estos recursos, aunque su aprobación no está garantizada.
Tenemos que poner orden, de eso trata la Ley de Hidrocarburos y por eso los que estaban haciendo estos negocios están inconformes: @lopezobrador_.#ConferenciaPresidente pic.twitter.com/7OAVQfYHcP
— SENER México (@SENER_mx) May 18, 2021
“(Su aprobación) dependerá mucho de la forma en la que haya sido solicitada. Si el juzgador ve que se trata de una estrategia para darle tiempo al Presidente de que los efectos de las suspensiones no ocurran, muy probablemente la vayan a negar, porque las suspensiones deben ser expeditas, y los derechos no están sujetos a negociación”, expuso Arroyo, quien aclaró que se pueden aumentar los plazos para entregar los documentos, pero sin retrasar los efectos de la suspensión.
Marcial Díaz, presidente de la Asociación de Regulados del Sector Energético, advirtió que este panorama no debería traducirse en complacencia para las empresas que no han presentado amparos, pues la resolución a los amparos que ya se encuentran en discusión podría llegar hasta julio, y si es contraria al sector privado esto dejaría a varias empresas sin más herramientas de defensa.
“Yo creo que es probable que se acaben revirtiendo los efectos generales. (La resolución) llegará seguramente hasta julio, y todo aquel que se confió de la estrategia de otros y de los efectos generales actuales puede quedar colgado y sin posibilidades de presentar recursos porque ya se le pasó el plazo legal de 30 días. Por eso es importante que todos los permisionarios busquen su propia estrategia”, advirtió.
Díaz también comentó que, en los últimos días, la cantidad de empresas que ha presentado o planea presentar amparos ha aumentado. El abogado atribuyó esta tendencia a la insistencia de departamentos legales, así como a la agresiva estrategia del Gobierno dentro del sector energético.
