Las elecciones traen consigo lo más simpático y lo más oscuro de nuestra política a cargo de todos los bandos. Con la primera e histórica jornada electoral del 6 de junio a la vuelta de la esquina, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un problema que él mismo generó.
El presidente entendió muy pronto la efectividad de golpear a aquellos personajes que resulten incómodos con acusaciones por lavado de dinero o delitos de carácter fiscal, gracias a la tenebrosa reforma penal-fiscal del 8 de noviembre de 2019, mediante la cual -gracias a la abrumadora mayoría que obtuvo Morena en las elecciones-, se reformaron, adicionaron y derogaron Disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal.
Junto con esto, el gobierno del presidente Lopez Obrador también entendió la efectividad de golpear, por ejemplo, a un candidato de la oposición tal y como lo hizo el expresidente Peña Nieto con el entonces candidato, Ricardo Anaya.
Sin embargo, un problema le está estallando en las manos y a sus operadores.
Por más efectiva que haya resultado ser esta maniobra, se utilizó y abusó tanto de ella durante los dos primeros años de este gobierno que ha perdido su efectividad y, a diferencia de Anaya, quien nunca supo cómo enfrentar jurídica y meditativamente el trascendido de una supuesta investigación en su contra por lavado de dinero, no pocos de quienes en días recientes han sido objeto de estas filtraciones o de acciones administrativas como el bloqueo de cuentas bancarias, han optado por enfrentar a las autoridades sin replegarse, sin someterse (por lo menos a la primera) como lo hicieron los personajes políticos que recibieron el calor de las primeras acusaciones, dañando con todo esto un aspecto esencial de nuestro estado de derecho: la imparcialidad en la procuración de justicia.
Justamente ese es el caso que estamos viendo con el candidato a la gobernatura de Nuevo León, Samuel García y su familia.
En el portal La Silla Rota se publicó el mes pasado que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) estaba preparando una “demanda penal” (sic) en contra del candidato, de su padre, Samuel Orlando García, y en en contra de su esposa, Mariana Rodríguez Cantú, siendo la esencia de esta supuesta investigación algunas relaciones familiares con delincuencia organizada y la existencia de delitos fiscales como la venta de facturas, -que tuvo su epicentro justamente en Nuevo León durante el sexenio del Peña Nieto-, discrepancias fiscales y outsourcing.
Sin embargo, creo que el candidato García entendió el camino a seguir para defenderse y a diferencia de Ricardo Anaya lanzó un comunicado a través de sus adoradas redes sociales señalando, con poca argumentación jurídica y un poco atrabancado, que él y su familia son inocentes, que la investigación puede ser falsa y, en pocas palabras, que los investiguen para ver qué les encuentran.
Mi interpretación es que el candidato que logró brincar de un ridículo 8% de aprobación a un escandaloso 36% (tras las pifias y los pleitos entre la candidata de Morena y el candidato del PRI-PRD) ya tiene claro que esto difícilmente será una batalla jurídica en contra de la UIF, del Servicio de Administración Tributaria (SAT), de la Procuraduría Fiscal de la Federación o, incluso en contra de la Fiscalía General de la República sino que la pelea será de percepción pública.
Dicho en otras palabras: puede ser que en esta acusación el candidato haya encontrado el tan ansiado fuero antes de tiempo y un impulso para su candidatura.
Tal vez su esposa, Mariana Rodríguez, resulte ser la que tenga las mayores posibilidades de verse afectada, ya que del contenido de la nota periodística puede entenderse que tendría discrepancias fiscales, es decir, ha ganado más de lo que ha reportado al SAT y esto se podría comprobar no sólo mediante sus declaraciones mensuales y anuales sino gracias a un error que cometen muchas personas que burdamente intentan ocultar sus ingresos ante el SAT, al tiempo que gastan dinero a manos llenas y que está explotando la UIF a más no poder: el uso de tarjetas de crédito, sobre todo los gastos efectuados con cierta tarjeta de servicios, cuyo uso y supervisión se le salió de control a la institución financiera y a los reguladores.
Ninguna autoridad debe de usar el poder con fines políticos porque así se establece en la ley y así se señala en las definiciones más elementales de corrupción, ninguna persona que haya cometido un delito debe quedar impune y ningún precandidato debería llegar a ser candidato si hay sospechas fundadas en su contra.
Nuestro sistema democrático no puede quedar sujeto a este riesgo y, para protegerlo, justamente es que podemos utilizar a la inteligencia financiera.
*Salvador Mejía es licenciado en Derecho por la UNAM. Cuenta con estudios de especialización en México y Estados Unidos en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, Anticorrupción, Gobierno Corporativo así como en Inteligencia y Contrainteligencia
Este texto es una columna de opinión. Su contenido es responsabilidad del autor y no representa necesariamente la postura de EL CEO.
