CNBV investiga a Protección Patrimonial: piden remover al consejo que preside García-Sabaté; impagos a cientos de acreedores escalan a tribunales
Protección Patrimonial atraviesa una crisis financiera que llevó su morosidad a 25.6% y su nivel de capitalización a apenas 1.45%, en medio de impagos a cientos de acreedores, una demanda de concurso mercantil y una investigación de la CNBV.
El sistema financiero mexicano esconde un caso que desde hace meses encendió las alertas de la autoridad. Protección Patrimonial Unión de Crédito dejó de pagar intereses a cientos de acreedores, enfrenta una demanda que busca llevarla a concurso mercantil y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) requirió la sustitución de su consejo de administración, mientras mantiene bajo investigación lo ocurrido en la institución.
Uno de los personajes centrales del caso es Francisco Javier García-Sabaté Palazuelos, contador público certificado y presidente del consejo de administración de Protección Patrimonial. Con más de cuatro décadas de experiencia en auditoría y asuntos fiscales, ha ocupado posiciones en consejos y comités de empresas de mayor tamaño, entre ellas Grupo TMM y Grupo Vasconia.
Ese perfil contrasta con el estado de la cartera de Protección Patrimonial. Al cierre de junio, la unión tenía una cartera de crédito de 2,388.1 millones de pesos, de la cual alrededor de 82% estaba colocada sin garantía, equivalente a casi 1,959 millones. La cartera vencida alcanzó 610.7 millones y cerca de 79% de ese saldo, unos 484.9 millones, tampoco contaba con garantía.
El deterioro ocurrió en cuestión de meses. Entre marzo y junio, la morosidad saltó de 6.7 a 25.6% y el índice de capitalización (ICAP) cayó de 10.52 a 1.45%, muy por debajo del mínimo regulatorio de 8%.
La unión perdió además 124.9 millones de pesos durante el primer semestre y cerró junio con un capital contable de 172.9 millones. Las reservas preventivas sumaban 348.9 millones, con lo que el índice de cobertura de la cartera vencida se ubicó en 57.1%.
Los problemas de pago también comenzaron a hacerse públicos. Claudia Garduño Segura, una de las socias, señaló hace unos días en LinkedIn que Protección Patrimonial acumulaba más de dos meses sin cumplir con sus pagos. Su hijo, Gustavo López Garduño, abrió una campaña en GoFundMe en la que asegura que la unión dejó de pagar o reinvertir los intereses de su madre y mantiene inmovilizados alrededor de 50 millones de pesos de su patrimonio.
El caso de Garduño forma parte de un universo de alrededor de 250 acreedores de Protección Patrimonial.
Francisco Javier García-Sabaté Palazuelos, presidente del consejo de Protección Patrimonial Unión de CréditoLa CNBV pide sustituir al consejo
La propia Protección Patrimonial reconoce en sus estados financieros que “el incremento en la cartera vencida, obedece a la aplicación de medidas correctivas dictadas por la autoridad”. Aunque no explica cuáles fueron las observaciones que dieron origen a esas medidas, la CNBV lleva meses revisando a la unión de crédito.
El regulador realizó dos visitas de investigación hacia finales de 2025 que derivaron en las medidas correctivas que Protección Patrimonial reconoció posteriormente en sus estados financieros.
Tras el fallecimiento en junio de este año de Carlos José Luciano Vélez Palomar, socio fundador y director general de Protección Patrimonial, Carlos Alberto Deras Pérez asumió como director interino y, al cierre de ese mes, firmó bajo ese cargo los estados financieros de la unión.
Integrantes de Protección Patrimonial han atribuido en reuniones recientes con la autoridad los problemas financieros de la institución a la administración encabezada por Vélez Palomar. Sin embargo, las actas corporativas establecen que el consejo podía aprobar la estrategia de negocios, las políticas de crédito y los sistemas de control interno, además de nombrar y remover directivos.
El último consejo documentado en el Registro Público de Comercio estaba presidido por Francisco Javier García-Sabaté. Entre los consejeros propietarios figuraban Carlos José Luciano Vélez Palomar, José Ignacio Moreno Oliveros y Jaime Eduardo Ortiz Pallares. Como suplentes aparecen María Elena Mariscal Lozano, Luis Gabriel Sienra Pérez, Carlos Vélez Suberbie —hijo de Vélez Palomar— y Antonio Ignacio Murguía Pozzi.
De acuerdo con una convocatoria publicada el 11 de septiembre, la unión deberá celebrar una asamblea extraordinaria el próximo 7 de octubre. García-Sabaté y el comisario deberán presentar la situación financiera de Protección Patrimonial al 31 de julio y las medidas correctivas mínimas y especiales adicionales ordenadas por la CNBV.
En la misma reunión está prevista la sustitución del consejo, del comisario y del auditor externo, así como el nombramiento de sus reemplazos y de un nuevo director general. La convocatoria señala que servidores públicos de la CNBV estarán presentes durante la asamblea.
Lee la convocatoria de la asamblea de accionistas aquí
Sin intervención, por ahora; CNBV analiza acudir a Procuraduría Fiscal
Pese a los cambios requeridos en el gobierno corporativo, la CNBV no quiere optar, al menos por ahora, por una intervención gerencial de Protección Patrimonial.
La Ley de Uniones de Crédito permite al presidente de la Comisión proponer a su Junta de Gobierno una intervención cuando existen irregularidades que afectan la estabilidad o solvencia de una institución y ponen en peligro los intereses de sus socios o acreedores. Una medida de este tipo dejaría la administración en manos de un interventor.
En la CNBV también se analiza llevar el expediente ante la Procuraduría Fiscal de la Federación si las revisiones encuentran elementos para avanzar por esa vía.
La legislación permite que la Comisión emita una opinión cuando detecta hechos que pudieran constituir determinados delitos financieros para que Hacienda proceda conforme corresponda. Hasta ahora no existe una determinación pública de responsabilidad contra García-Sabaté ni contra algún otro integrante del consejo, ni está acreditado públicamente que el expediente ya haya sido enviado a la Procuraduría Fiscal.
Acreedores solicitan el concurso mercantil
El 6 de agosto se presentó una demanda de concurso mercantil necesario contra Protección Patrimonial ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles de la Ciudad de México. La demanda fue admitida a trámite el 20 de agosto.
Los demandantes son WRLA Inmobiliaria y Luis Rodolfo Argüelles Rabell. Este último, de acuerdo con reportes periodísticos, estuvo vinculado con la administración de Alejandro Murat en el Infonavit.
El expediente 77/2026 permanece en etapa de visita, por lo que Protección Patrimonial todavía no ha sido declarada en concurso mercantil. El IFECOM designó a Sergio Francisco Hermida Guerrero como visitador para revisar la situación financiera de la unión y determinar si se actualizan los supuestos previstos por la ley.
Protección Patrimonial contestó la demanda el 10 de septiembre, ofreció pruebas, objetó documentos presentados en su contra y entregó al juzgado una lista de acreedores. También se dictaron medidas precautorias relacionadas con bienes inmuebles de la unión.
La CNBV compareció en el procedimiento y obtuvo una prórroga de 30 días hábiles para atender uno de los requerimientos del juzgado; posteriormente presentó manifestaciones relacionadas con el expediente.
Protección Patrimonial continúa por ahora bajo la administración del consejo que preside García-Sabaté, pero la CNBV ya requirió su sustitución y la renovación del gobierno corporativo deberá discutirse el próximo 7 de octubre, mientras el procedimiento judicial determinará si existen condiciones para declarar a la unión en concurso mercantil.
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