La postura de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador frente a la participación de privados en el sector energético ha llevado a que los analistas adviertan sobre la dependencia de los trámites en procesos jurídicos durante lo que resta del sexenio.
Sin embargo, si bien los procesos llevados por empresas específicas sirven a sus propios intereses, no son la mejor manera de contrarrestar los cambios realizados por el gobierno federal.
Quienes están dando la batalla directa legal son las empresas, “aunque hay quienes la siguen pensando porque no es fácil pararse frente a todo el aparato del estado”, destacó Rosanety Barrios, analista del sector.
Estas decisiones que pueden tener impactos rápidos en las empresas pega también en la posibilidad de que México siga desarrollándose, porque se está defendiendo los activos que ya existen, pero invertir más y crear más empleos es impensable en las condiciones actuales.
El avance en la transición energética se encuentra en un limbo parecido al de la reducción de emisiones, que difícilmente continuará con las políticas adoptadas por presidencia. Una sucesión de poder podría continuar el lento avance, a menos que ocurran reformas de fondo aún más profundas.
Las empresas están preocupadas por la situación actual, e incluso si no están iniciando procesos judiciales, sí están buscando otras alternativas para presionar al gobierno federal. Muestra de ello es la carta que los Secretarios de Estado y Energía de Estados Unidos enviaron al gobierno mexicano, la cual tiene detrás de sí un fuerte cabildeo de empresas estadounidenses.
Esta aproximación podría resultar más sencilla y directa que los procesos judiciales, cuya justificación tiende a ser cambiante, lo que complica su éxito. Además no todos los sectores tienen el mismo interés por recuperar las condiciones que existían durante el sexenio anterior.
“En el sector de upstream de hidrocarburos han tenido contacto directo con esta administración, y tienen un blindaje constitucional como de contratos, por lo que tienen una voz más fuerte que sí ha sido escuchada”, señaló Carlos Vallejo, Compliance officer de Lexoil consultores.
“Las empresas dedicadas a midstream y downstream ven por sus intereses, y les han quitado el piso parejo, pero sus reclamos no han tenido eco”.
Ahora es distinto, por eso nuestra defensa de @Pemex y de la @CFEmx,es nuestra función. Si yo no protejo a la Comisión Federal de Electricidad y sigue la misma política privatizadora en la industria eléctrica,cómo voy a garantizar que no aumente el precio de la luz:@lopezobrador_ pic.twitter.com/wgJJhM72U2
— SENER México (@SENER_mx) January 21, 2021
Vallejo destacó que la falta de organización en midstream y downstream difícilmente empujará a un cambio gubernamental, lo que facilita que las empresas lleguen a un nivel de hartazgo en el que prefieran recuperar las condiciones de las que gozaban al ser clientes de Pemex.
Sobre la viabilidad de la judicialización como método de combate a los cambios normativos, Vallejo admitió que gran parte del futuro de estos cambios dependerá de la composición del Congreso después de las elecciones de este año, aunque desestimó que las empresas deban esperar de forma pasiva los comicios.
“Los mecanismos legales existen actualmente y hay que ver las ventajas y desventajas de iniciar un proceso. No podemos estar esperando la toma de decisiones gubernamental porque como negocio no puedo vivir seis meses en la especulación. Veamos la efectividad de la estrategia jurídica basada en el estado de derecho”, apuntó.
Barrios señaló que un estancamiento en el sector energético tiene un impacto negativo importante en el sector industrial, pues el marco regulatorio de la Comisión Federal de Electricidad intenta mantener el alza de tarifas eléctricas ligada a la inflación, pero sólo el de las tarifas residenciales de bajo consumo.
“Es imposible que las tarifas industriales bajen si no se permite la conexión a la energía más barata. Que los sectores industriales y comerciales tengan una expectativa de aumento de tarifas hace que México pierda competitividad. La secretaria de comercio quiere traer plantas automotrices, pero no hay capacidad para recibirlas. Para las empresas globales es una lástima que se caiga la posibilidad de venir a México, pero hay otras opciones: nosotros no tenemos otras opciones”, advirtió.
