La filtración de documentos internos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y su negativa a procesar permisos de los subsectores de electricidad e hidrocarburos representan un lastre que podría provocar la acción legal por parte de empresas privadas, principalmente ante la creciente evidencia de que la inacción obedece a una orden directa y no a una limitación externa.
“Estos documentos filtrados no han sido desmentidos, por lo que podemos considerarlos como reales. Se está presentando una situación donde los regulados pueden ejercitar acciones como el juicio de amparo para dirimir el tema de la inacción procesal”, explicó Santiago Arroyo, abogado especialista en el sector.
“La CRE tampoco ha hecho pronunciamientos sobre los trámites que tiene detenidos”.
El abogado señaló que los regulados aún tendrían hasta finales de mes para presentar amparos indirectos según lo establecido en el artículo 27 de la Ley de los Órganos Reguladores.
Arroyo aclaró que, aunque este artículo se encuentra señalado como inconstitucional, lo que tendría que remitir a los quejosos a un procedimiento administrativo de carácter ordinario ante el tribunal de justicia fiscal y administrativa, esta modificación no aplica porque la CRE no está resolviendo.
“El artículo 27 es muy claro en cuanto a que aplica a resoluciones de la CRE que tengan un carácter de cosa juzgada, aquí se abre la posibilidad de aplicar el amparo”, destacó.
Hasta el momento, las empresas que han promovido juicios han recibido una buena respuesta del Poder Judicial, lo que representa una motivación extra para imputar las acciones de la CRE.
La excepción han sido los amparos promovidos contra las políticas de almacenamiento mínimo, aunque Arroyo adjudicó estas derrotas a una posible asesoría incorrecta durante los procesos.
Oigan amigos, hoy @FT publicó una nota, en la que citan estos documentos.
Esto es grave.
¿Recuerdan el memorándum y el pliego petitorio que el mismo @FT publicó?
Eran declaraciones, ilegales, pero solamente eso.
Ahora tenemos un oficio que hace oficial el freno al sector.
Esto… https://t.co/ub7kltmXbJ pic.twitter.com/tTwKMlR1iY— Victor Ramirez C. (@vicfc7) October 13, 2020
Los privados estarían interesados en iniciar procesos legales debido a que la justificación de las acciones de la CRE, y de la política energética en general, está basada en preconcepciones que se adquirieron en los 70 y que reflejan una realidad que ya no existe, y que además limitan las posibilidades de crecer del sector, explicó René Narváez, experto en el mercado eléctrico.
“Esta no es una administración que se guíe por los documentos de política pública a los que estábamos acostumbrados. Ya hay cosas que se han estado viendo informalmente como en el caso de autoabasto, donde se vio que ellos buscan por todos los medios y después averiguan cómo justificarlo”, señaló Narváez.
“El caso más recordado es que hubo la primera negación a una modificación de permiso de autoabasto, y después vino el cambio a la regulación que te dice por qué no te puedo modificar un permiso de autoabasto. Hasta ese punto están dispuestos a llegar”.
Esto genera un ambiente enrarecido en el sector, donde los reguladores van realizar las acciones que consideren necesarias para seguir las instrucciones de la política energética que implementó el titular del Ejecutivo aunque esas modificaciones devengan en batallas que culminen en amparos, advirtió Narváez.
Sobre la probabilidad de acciones legales, Arroyo señaló que el subsector eléctrico ha estado más activo en cuanto a la exploración de sus opciones, y que el de hidrocarburos podría no tomar acciones inmediatas, pues las asociaciones que engloban a las empresas de este sector han mostrado una postura más conciliadora.
