La Secretaría de Hacienda firmó un convenio con el gobierno de Chihuahua para que a partir de actos de elusión fiscal que detecte la entidad federativa, la Procuraduría Fiscal de la Federación litigue los recursos en cuestión y de ser recuperados vayan a la hacienda estatal.
Arturo Herrera, secretario de Hacienda; Javier Corral, gobernador de Chihuahua y el procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda firmaron el convenio de colaboración este martes en Palacio Nacional.
Chihuahua entregará toda la información que posea sobre actos de defraudación fiscal, contrabando y compraventa de facturas falsas, para que la autoridad hacendaria formule las querellas o acusaciones penales correspondientes ante tribunales federales, y cuando la Procuraduría Fiscal recupere los recursos, estos regresarán al 100% a la entidad federativa.
Los estados tienen la facultad para auditar, en particular el ISR, y si llega a haber un problema de elusión a partir de las auditorias, se le puede avisar a la Procuraduría Fiscal que lo litigaría y si se recobra algo en las instancias judiciales esos recursos irán para los estados
dijo Arturo Herrera en conferencia.
El secretario indicó que el beneficio para Hacienda es que ese contribuyente seguramente se va a regularizar y les pagará en los años fiscales subsecuentes. “Es el primer gobierno con el que firmamos, esperamos que haya otros para iniciar otra forma de colaboración entro los estados y la Secretaría de Hacienda”.
Javier Corral, gobernador de Chihuahua, comentó que ese estado es el que más empresas fantasma ha reportado a al federación, de las cuales 120 ya están publicadas en el Diario Oficial de la Federación y otras 80 están en proceso de publicación.
Mientras que Carlos Romero, dijo que los evasores siempre dejan huella en su camino. “Un rastro que en los procesos penales llamamos evidencia (…) Este convenio tiene como propósito recabar esos rastros y usarlos como evidencia en los procesos penales que se llevarán acabo”.
Recordó que los llamados factureros han ido mermando los recursos de la Hacienda pública, en cerca de 350,000 millones de pesos cada año, resultado de la creación de empresas que sirven para deducir impuestos por operaciones simuladas.
En ocasiones, el dinero provino de dependencias gubernamentales, de funcionarios encargados de proveer bienes y servicios a la ciudadanía, el crimen más burdo, desviar estos recursos públicos que deberían de estar en la ciudadanía, sin embargo a través de estos funcionarios públicos y factureras, se forjaron pactos criminales en perjuicio de toda la población
dijo Carlos Romero Aranda.
La reforma fiscal que entró en vigor el 1 de enero permite realizar acusaciones por delincuencia organizada en contra de quienes se dedican de manera permanente a defraudar al fisco, y lo delitos más graves conllevan a prisión preventiva.
“Todo el dinero que se recupere a través de estos casos regresará con base en la coordinación fiscal a los chihuahuenses, fortaleciendo las finanzas públicas del estado y generando una percepción de riesgo necesaria para desincentivar estas conductas”, dijo el procurador.
