La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece ) envió una advertencia a la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) para que evite prácticas monopólicas durante la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19.
La ADI compartió el 27 de marzo un comunicado en el que invitaba a los operadores de centros comerciales a otorgar descuentos y beneficios a los locatarios.
“Estamos promoviendo que nuestros miembros otorguen diversos descuentos y beneficios en el pago de las rentas fijas mensuales a sus inquilinos, para así ayudar a mitigar los daños económicos que genera esta situación. Por ello, los Desarrolladores inmobiliarios integrantes de la ADI estarán en posibilidades de otorgar distintos beneficios económicos a aquellos arrendatarios que se encuentren al corriente de sus obligaciones” dijo la ADI.
Al respecto, la Cofece destacó que no es algo contrario a la Ley Federal de Competencia Económica “salvo el caso de que se establezcan mediante acuerdos que tengan por objeto o efecto determinar una cuota o los descuentos máximos a otorgar a los locatarios y/o inquilinos. Esta conducta podría consistir en una práctica monopólica absoluta sancionada por la Ley”, destacó en un comunicado.
Añadió que puede ser sujeto de sanción el intercambio de información entre competidores con el objeto o efecto de realizar homologación de los precios del arrendamiento.
“Se exhortó a la ADI México a fomentar y vigilar que sus afiliados estén tomando decisiones estrictamente individuales, y conforme a sus propias estrategias de negocios, cuando otorguen descuentos y beneficios a los locatarios. También recomendó a la ADI México revisar que su conducta presente y futura no suponga la realización de una práctica monopólica absoluta”.
La Cofece argumenta que en un contexto de precios libres “cada agente económico debe, en función de sus objetivos para mantener o ganar clientela, determinar sus precios o descuentos de forma independiente” , es decir cada negocio debe hacerlo según las estrategias propias de cada negocio.
Agregó que quienes cometan este tipo de conductas podrían hacerse merecedores a multas equivalentes a 10% de los ingresos de cada agente económico que participe en el acuerdo, e incluso responsabilidad penal a las personas físicas participantes, que se sancionará con cinco a 10 años de prisión y con mil a 10 mil UMAS de multa.
El CEO buscó a la ADI, que comentó que ya tienen conocimiento de posicionamiento de Cofece, aunque por ahora están trabajando en un posicionamiento desde la asociación.
