Rosario Robles, es la primera secretaria de estado en pisar el reclusorio en calidad de detenida, por los cargos de ejercicio indebido de la función pública durante su desempeño en dos secretarías, en Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu).
La Sedatu fue creada en 2013, la dependencia derivó de la Secretaría de la Reforma Agraria y tuvo como principal objetivo realizar los planes, programas y proyectos relacionados con el asentamiento de comunidades rurales o urbanas así como gestionar el acceso a la vivienda digna.
Entre las acciones que Robles emprendió durante su gestión de la dependencia se encuentran los primeros convenios de trabajo conjunto con ONU Hábitat, la implementación de acciones como el cuarto rosa, un esquema de mejoramiento de vivienda para combatir el hacinamiento en zonas rurales y mejoras en la tenencia de las propiedades con campañas de escrituración, así como entrega de viviendas a personas de escasos recursos.
Sin embargo, las acusaciones que la tienen en calidad de detenida se fundamentan en irregularidades en el gasto del erario y desvíos detectados por la Auditoría Superior de la Federación y por investigaciones periodísticas, el monto supera los 100 millones de pesos.
En el Informe General Ejecutivo de la cuenta Pública 2017 la auditoría detalló algunos de los desvíos.
Uno de ellos es el convenio firmado con Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V, a quién se le erogó 18.33 millones de pesos, sin embargo la ASF detectó que no se proporcionó documentación que probara los pagos realizados por el servicio.
“La evidencia documental recabada a través de la auditoría muestra que los servicios convenidos no fueron ejecutados por la Televisora, ni por las empresas subcontratadas; situación que podría ser indicativa de que los convenios se generaron como instrumento para desviar los recursos públicos federales mediante pagos indebidos. Asimismo, se observó que los recursos recibidos por las empresas subcontratadas fueron transferidos a otras empresas que no tuvieron injerencia en los servicios convenidos”.
Con la Universidad Tecnológica de Campeche se firmó otro convenio para desarrollo de “diversos proyectos y servicios” por 78.48 millones de pesos. La universidad subcontrató el 100% de los servicios con cuatro empresas a las que pagó el 92% del monto total del convenio.
Sin embargo no se acreditó que esas cuatro empresas desarrollaran ninguno de los trabajos por los cuales se les entregó el recurso, mientras que fue un solo proveedor el que desarrolló las labores y a quien se le pagó el 8% restante del contrato.
En ese mismo esquema operó contratos con el Instituto Tecnológico de Centla. En este convenio también participó Banobras dirigida por el hoy gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo Maza.
El instituto recibió de esas dependencias 72.45 millones de pesos que repartió en convenios con otras 20 empresas, además de que no se justificó el gasto de otros 3.43 millones de pesos.
En el mismo documento la ASF señaló que Hacienda le autorizó a Sedatu una ampliación de recursos de 316.85 millones de pesos los cuales se obtuvieron de un recorte al presupuesto de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) organismo encargado de dispersar los recursos de subsidio para adquisición de vivienda de interés social.
Con dicho monto adquirieron mochilas sombreros, impermeables y llaveros, entre otros, y se pagaron servicios profesionales, de arrendamiento de edificios, de vehículos, luz, teléfono, asesorías y de impresión de material informativo.
En el caso de la impresión de material informativo se detectó un contrato por 81.16 millones de pesos celebrado con Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V, sin embargo la corporación no tenía la capacidad técnica y material para cumplir con el trabajo, por lo cual subcontrató a otras cuatro empresas. La ASF realizó visitas a los domicilios de esas cuatro empresas, pero no fueron localizadas.
Sobre el desempeño de las funciones de la secretaría, la auditoría concluyó que tampoco cumplió con los objetivos, pues “no se ha logrado prevenir y mitigar el crecimiento desordenado y desigual de los asentamientos humanos en zonas urbanas” principalmente por falta de coordinación intergubernamental entre la SEDATU, el Consejo Nacional de Población, la Comisión Nacional de Vivienda, el Instituto Nacional del Suelo Sustentable, y los gobiernos estatales y municipales.
