Amazon.com Inc dijo este miércoles que implementará un moratorio de un año al uso policial de su software de reconocimiento facial, modificando su pasada postura de apoyo a la venta de tecnología a cuerpos de seguridad.
Activistas de libertades civiles han externado su preocupación sobre el uso del reconocimiento facial, pues éste pudiera provocar arrestos injustos durante las manifestaciones contra la brutalidad policial, la injusticia racial y la muerte de George Floyd.
Los críticos también han cuestionado la exactitud del software; señalan un estudio que muestra que el servicio “Rekognition” de Amazon no es eficiente en la identificación del género de individuos con tonos de piel oscuros.
Amazon refutó estos resultados.
La compañía, que vende tecnología computacional en la nube mediante su división Amazon Web Services, dijo en un comunicado que ha impulsado regulaciones que aseguren que un uso ético del software.
“Esperamos que este moratorio de un año pueda darle al Congreso tiempo suficiente para implementar reglas adecuadas, y estamos listos para ayudar si se nos solicita”, dijo la compañía. No obstante, el Congreso aún explora posibles regulaciones al reconocimiento facial.
Por su parte, el gigante tecnológico IBM escribió el lunes a miembros para informar que dejará de ofrecer su propio software de reconocimiento.
De acuerdo con diversos medios, “Rekognition” no ha sido un éxito comercial para Amazon. La compañía ha cerrado ventas con departamentos policiales de Oregon y Florida, y reportes sugieren que se ha intentado vender a la oficina de migración de Estados Unidos. Firmas como Idemia en Francia y NEC en Japón tienen más experiencia en el sector y han podido cerrar más contratos.
Amazon, debido a su preponderancia en la industria tecnológica y su defensa del reconocimiento facial, enfrenta la mayor parte de las críticas, debido al significado simbólico de su pasada postura.
La compañía dijo que continuará permitiendo el uso de su tecnología a Thorn y Marinus Analytics, dos clientes que la utilizan para ayudar a departamentos de justicia en el combate al tráfico de personas.
