Los nueve gobernadores estatales del Partido Acción Nacional (PAN) y uno del Revolucionario Institucional (PRI) revivieron la petición de un nuevo esquema que sustituya el actual pacto fiscal a través de la que se asignan los recursos a todas las entidades federativas.

Javier Corral, mandatario de Chihuahua, publicó el domingo un video sobre la firma de un acuerdo “en Defensa de la Libertad, la Democracia y el Federalismo”, cuya principal petición es la modificación a la Ley de Coordinación que contempla la repartición de presupuesto público entre los estados

“Ello significa libertad para gobernar desde lo local, con soberanía política y suficiencia económica mediante un nuevo pacto fiscal en el que los estados cuenten con los recursos que en justicia nos corresponden”, dijo Corral en un video.

El político chihuahuense calificó como “vetusta, inequitativa e injusta” a la actual fórmula contenida en la Ley de Coordinación Fiscal.

El acuerdo fue firmado en Dolores Hidalgo, Guanajuato, por Martín Orozco Sandoval, gobernador de Aguascalientes; Carlos Mendoza Davis, de Baja California Sur; José Rosas Aispuro, de Durango; Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, de Guanajuato; Francisco Domínguez Servién, de Querétaro; Carlos Joaquín González, de Quintana Roo; Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas; y Mauricio Vila, de Yucatán.

Las críticas encabezadas por la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (Goan) también cuestionaron el manejo de la economía nacional ante la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.

“El país se enfrenta a una doble emergencia (…) donde la pandemia ha infectado a más de 142,000 personas y matado a 17,000 (…) (y) a la económica, pues ha dejado sin ingresos a más de 12 millones de mexicanos y enviará a la pobreza a más de 10 millones”, señala Orozco Sandoval, presidente de la Goan en el video.

Advirtió que el actual escenario de crisis se puede convertir en una emergencia humanitaria que detone en “violencia y la ingobernabilidad”.

Además, las peticiones panistas redundaron en mayor libertad y garantías para el sector empresarial, para que éste pueda trabajar, invertir y producir sin ser “perseguido por el gobierno”.

López Obrador calificó las publicaciones encabezadas por Corral como un asunto “politiquero”, sin fundamento legal.

“Pero somos libres. Prohibido prohibir. Todos tenemos derecho a manifestarnos y se tiene que garantizar el derecho a disentir y no incomodarnos ni tener la piel así muy delgadita para no resistir insultos”, dijo López Obrador en su conferencia matutina.

Rechazo creciente

En 2019 Javier Corral y García Cabeza de Vaca se pronunciaron abiertamente contra del pacto fiscal.

Desde entonces, se han sumado a las críticas varios mandatarios. Entre los inconformes están también Enrique Alfaro Ramírez, de Jalisco y Jaime Rodríguez Calderón, de Nuevo León, y Miguel Riquelme, de Coahuila.

En total 12 gobernadores están a favor del cambio de la política de reparto de impuestos.

Algunos de ellos, como Alfaro y Rodríguez Calderón, plantearon la idea de abandonar el pacto, pese a que la opción no resultaría conveniente en este momento, de acuerdo con especialistas consultados.

“No es el momento para discutir si algún estado se sale del sistema nacional de coordinación fiscal, si se queda o hay que revisar la fórmula de cómo se compone, puede ser que tengan o no razón”, dijo Pedro López Elías, presidente y socio fundador de López Elías Finanzas Públicas en abril a EL CEO.

El esquema actual de distribución de recursos federales contempla dos conceptos principales: la población de cada entidad para efecto de las participaciones (dinero que los estados y municipios ejercen libremente), mientras que las aportaciones (recursos etiquetados) están destinadas a disminuir el rezago social, por lo que los estados más pobres reciben mayores recursos por esta vía.

La Ley de Coordinación Fiscal está vigente desde el sexenio del expresidente José López Portillo. Su aplicación es parte de la reforma fiscal más importante de las últimas décadas en México.

El acuerdo establece las bases y procesos para el reparto de los ingresos fiscales entre la Federación y las 32 entidades de la República.

“Fue concebido para promover el desarrollo equitativo de todos los miembros de la Federación (…) a fin de mitigar las disparidades en el desarrollo entre los estados y entre los municipios”, de acuerdo con una definición de la Cámara de Diputados.

El debate sobre el reparto parece tener tintes políticos, debido a que a ningún estado le conviene abandonar el esquema actual, de acuerdo con Héctor Villarreal, director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

El replanteamiento y la salida de alguno de los estados luce imposible, ya que “eso significaría para cada uno dejar de ingresar ese aporte federal, pero no dejar de pagar impuestos como el IVA o el ISR”, dice Villarreal.

 

Con información de Carmen Luna