El presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a los seis consejeros electorales que aprobaron aplazar la fecha de consulta de revocación de mandato, a quienes acusa de “coalición de servidores públicos”.

La denuncia, que incluye al secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Edmundo Jacobo Molina, es por abuso de autoridad, coalición de servidores públicos y otros delitos en agravio del servicio público por incumplir los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.

El delito de coalición de servidores públicos se castiga hasta con siete años de prisión.

Los consejeros denunciados son el presidente del INE Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Dania Ravel, Jaime Rivera, José Roberto Ruiz y Beatriz Claudia Zavala.

A partir de esta denuncia, la FGR puede pedir a la Cámara de Diputados el desafuero de los consejeros electorales, a fin de que puedan estar sujetos a proceso por violación del artículo 216 del Código Penal Federal y otros delitos.

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 La decisión fue calificada de unilateral por los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC). “Es una vergüenza usar al Legislativo para revanchas políticas y agendas partidistas”, reprochó el partido tricolor.

Asimismo, el panista Santiago Creel también cuestionó la denuncia. “Es penoso y reprobable en todos los sentidos la denuncia penal (…) si atacan al INE están atacando también los derechos de las y los mexicanos”, dijo. 

INE retoma trabajos 

Por su parte, el INE informó que retomó los trabajos para la consulta de revocación en la que se decidirá si el presidente Andrés Manuel López Obrador debe seguir en el cargo. 

“El INE recibió la determinación adoptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que mandata continuar con el proceso de Revocación de Mandato con el presupuesto existente e informa que acatará la decisión en sus términos“, compartió la institución en un comunicado.

“El INE recibió la determinación adoptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que mandata continuar con el proceso de Revocación de Mandato con el presupuesto existente e informa que acatará la decisión en sus términos“, compartió la institución en un comunicado.

Además, el INE aseguró que se mantendrá “atento a la resolución de fondo” que realice la Suprema Corte respecto del recurso de inconstitucionalidad que interpuso el 7 de diciembre por “insuficiencia presupuestal” ya que la determinación del alto tribunal tiene carácter provisional “y no resuelve el fondo del asunto”.

Señaló que la organización de la consulta requeriría una inversión de 3,830 millones de pesos.

La Cámara de Diputados resolvió, entre otros aspectos, aplicar un recorte por 4,913 millones de pesos al presupuesto originalmente solicitado por el INE. 

Asimismo, indicó que el organismo electoral cuenta con menos de la mitad del dinero necesario para realizar la consulta.