La nueva terna de aspirantes a nuevo titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) fue frenada por un amparo solicitado por México Justo y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Esta orden judicial es la segunda que consiguen las organizaciones en el proceso de elección de la Prodecon, cuya oficina no tiene a alguien al frente desde el 30 de abril de 2019, tras la salida de Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara.
El argumento de esta suspensión va en el mismo sentido que la obtenida el 11 de agosto: las y los candidatos no cumplen con los requisitos mínimos de experiencia y autonomía que exige la Ley Orgánica de la Prodecon.
El pasado 4 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado los nombres de sus nominados y repitió dos nombres de la terna pasada: Carlos Alberto Puga Bolio, Martha Patricia Jiménez Oropeza. El nuevo aspirante es Rafael Chong Flores, quien entró en sustitución de Ricardo Rodríguez Vargas.
El 4 de noviembre del presente año, el Poder Ejecutivo Federal envió una ‘nueva’ terna donde reiteró a Carlos Alberto Puga Bolio y a Marta Patricia Jiménez Oropeza, quienes ya aparecían en la primera propuesta, y agrega el nombre de Rafael Chong Flores, quien no tiene la experiencia mínima necesaria para ocupar el cargo,
indicó México Justo en un comunicado.
“Es nuevamente una simulación (la terna) en donde se violan los procedimientos legales y por ende, los derechos de los contribuyentes; el juez actuó en consecuencia y de manera congruente con la primera suspensión otorgada”, dijo el presidente de México Justo, Juan Carlos Pérez Góngora.
De nueva cuenta, el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León advirtió a las autoridades que en caso de desobedecer la suspensión dictada serán responsables del delito previsto en la Ley de Amparo que contempla la sanción de destitución e inhabilitación y pena de prisión de tres a nueve años.
“México Justo.org AC y Mexicanos contra la Corrupción continuarán ejerciendo su derecho de acceso a la justicia en favor de la legalidad, la división de poderes y el Estado de Derecho”, argumentan las organizaciones.
