A casi un mes de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue víctima de hackeo, el Senado de la República ha puesto sobre la mesa la iniciativa para crear una Ley de ciberseguridad en el país, la cual debe incluir en análisis de expertos y de la sociedad civil.
De acuerdo con la organización internacional de derechos humanos por la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información, Artículo 19, este tipo de iniciativas no deben criminalizar el uso cotidiano que se da a las tecnologías y por ello, consideran necesario incorporar a la sociedad civil en las mesas de trabajo.
Ninguna legislación en materia de ciberseguridad debe implicar la violación a los derechos humanos de las personas
expuso Artículo 19.
😰 ¡Esto ocurre en el Congreso y urge que lo sepas!
🤖 Se está creando una ley de #Ciberseguridad dejando fuera de la discusión a la sociedad civil, quien se preocupa que estas iniciativas no habiliten la censura y/o vigilancia👁🗨
🗣️ Aquí te contamos todos los detalles: pic.twitter.com/MwbRdqoZiL
— ARTICLE 19 MX-CA (@article19mex) October 24, 2022
La organización añadió que entre las múltiples propuestas de redacción para esta ley de ciberseguridad se contempla crear registros y bases de datos para las personas que sean consideradas de riesgo para que sean monitoreadas y catalogadas como organizaciones delictivas.
Las autoridades también podrían solicitar a las empresas tecnológicas la remoción o eliminación de contenidos de Internet, así como desplegar acciones de ciberpatrullaje, es decir, que el Estado aumente sus capacidades tecnológicas para espiar de forma encubierta lo que hacen y dicen las personas en Internet.
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Sistema de la Sedena, hackeado por colectivo ‘Guacamaya’
El pasado 30 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó que la Sedena fue víctima de un ataque cibernético que derivó en la filtración de información sobre operaciones de las fuerzas armadas mexicanas y la salud del titular del Ejecutivo.
López Obrador detalló en su momento que el ataque se llevó a cabo mientras el Ejército realizaba un cambio en sus sistemas; además, desdeñó el ciberataque en contra de la dependencia al considerar que la información que se dio a conocer es de dominio público.
El grupo de hackers, al cual se le atribuyó el ataque a la Sedena, se denomina Guacamaya y también ha realizado ataques a Chile, Colombia, El Salvador y Guatemala.
Alejandro Armenta, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara alta, presentó en el mismo mes una propuesta en materia de ciberseguridad en la que propone modificar el Código Penal Federal.
La propuesta plantea que se impongan de 30 a 200 jornadas de trabajo en favor de la comunidad y de dos a seis años de prisión y multa de 100 a 400 días de salarios a quien revele algún secreto o comunicación reservada que conozca o haya recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto sea por cualquier medio.
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