
SCJN deja firme multa de 18.4 millones de pesos a filial de Grupo México por violaciones ambientales
El litigio se originó por una sanción que la Profepa impuso a Buenavista del Cobre por superar el límite autorizado de 540,000 toneladas de residuos derivados de la extracción de cobre, al registrar 613,218 toneladas durante el periodo comprendido entre 2022 y 2023.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó firme una multa de 18.4 millones de pesos contra Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, impuesta por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por irregularidades ambientales relacionadas con sus operaciones mineras.
El ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, desechó el recurso de revisión presentado por la empresa, al considerar que el caso no planteaba una cuestión constitucional de interés excepcional que justificara su análisis por el máximo tribunal del país.
La determinación se tomó sin necesidad de llevar el asunto al pleno de la Corte, por lo que quedó firme la sanción previamente confirmada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
Se concluye que el presente recurso de revisión no daría lugar a fijar un criterio de relevancia para el orden jurídico nacional; de ahí que, como se dijo, no reviste un interés jurídico excepcional; por lo que se desecha el presente medio de impugnación”, señala la resolución del presidente de la SCJN.
Con esta decisión, Buenavista del Cobre agotó esta vía de impugnación para intentar revertir la sanción ambiental impuesta por las autoridades federales.
¿Por qué fue multada Buenavista del Cobre, de Grupo México?
El litigio se originó por una sanción que la Profepa impuso a Buenavista del Cobre por superar el límite autorizado de 540,000 toneladas de residuos derivados de la extracción de cobre, al registrar 613,218 toneladas durante el periodo comprendido entre 2022 y 2023.
Durante el proceso judicial, la empresa argumentó que no había producido la totalidad de los residuos por los que fue sancionada, sino que únicamente los había procesado. Sin embargo, los magistrados consideraron que no presentó pruebas técnicas suficientes para desvirtuar las irregularidades detectadas por la autoridad ambiental.
Tales afirmaciones no se encontraban respaldadas con prueba técnica suficiente ni desvirtuaban el exceso previamente acreditado”, señala la resolución judicial.
Entre las instalaciones señaladas en el procedimiento también figuraban ocho tanques de almacenamiento de diésel, ácido sulfúrico, electrolito y ferrocianuro de sodio, así como una chimenea que fue clausurada por la autoridad ambiental.
Ante la resolución desfavorable, Buenavista del Cobre promovió un amparo ante el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México, cuyos magistrados determinaron que la empresa no logró desvirtuar las infracciones ambientales que le fueron atribuidas.
La empresa buscó posteriormente que la Suprema Corte revisara el caso, pero el recurso fue desechado por su presidente, Hugo Aguilar Ortiz.

Grupo México y el antecedente del derrame en el río Sonora
La resolución contra Buenavista del Cobre ocurre doce años después de uno de los mayores desastres ambientales relacionados con las operaciones de Grupo México.
El 6 de agosto de 2014, la mina Buenavista del Cobre registró un derrame de aproximadamente 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado, que alcanzó primero el río Bacanuchi y posteriormente el río Sonora.
El incidente afectó a por lo menos siete municipios y a alrededor de 22,000 habitantes de las comunidades ubicadas en las inmediaciones de los cauces contaminados.
De acuerdo con los reportes sobre el desastre, el derrame alcanzó una extensión aproximada de 271.6 kilómetros lineales, con afectaciones en la cuenca del río Sonora, que abastece a la presa El Molinito.
Por ese episodio, la Profepa impuso a la empresa una multa de 23.5 millones de pesos por diversas irregularidades ambientales. Además, se constituyó el Fideicomiso Río Sonora, con un monto inicial de 2,000 millones de pesos, destinado a atender los daños ocasionados por la contaminación.







