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SCJN avala que Telcel y AT&T conserven datos de usuarios durante dos años

Entre la información que deberán conservar las empresas se encuentran los números telefónicos, registros de llamadas, fechas, horarios, duración de las comunicaciones, identificación de dispositivos y datos de ubicación.

Publicado el 17 de noviembre, 2026
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló que empresas de telecomunicaciones como Telcel y AT&T conserven durante dos años registros de llamadas, datos de tráfico y ubicación de sus usuarios, al negar un amparo que cuestionaba estas obligaciones por posibles violaciones a la privacidad.

Por mayoría de votos, los ministros respaldaron disposiciones del artículo 183 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aunque durante la discusión surgieron diferencias sobre los controles judiciales necesarios para que las autoridades accedan a esa información y soliciten la geolocalización de dispositivos en tiempo real.

El proyecto de la ministra María Estela Ríos González, correspondiente al amparo en revisión 193/2026, establece que la conservación de estos registros no implica que las autoridades puedan acceder libremente a ellos, pues deben cumplir con los requisitos constitucionales y legales correspondientes.

La legislación obliga a las compañías telefónicas a mantener la información durante los primeros 12 meses en sistemas que permitan su consulta y entrega en tiempo real. Durante el segundo año, los datos deberán permanecer en sistemas de almacenamiento electrónico.

Además, establece plazos para proporcionar la información a las autoridades competentes, que pueden ser de 24 o 48 horas, dependiendo del periodo de conservación y las disposiciones aplicables.


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¿Qué datos de los usuarios deberán conservar Telcel y AT&T?

Entre la información que deberán conservar las empresas se encuentran los números telefónicos, registros de llamadas, fechas, horarios, duración de las comunicaciones, identificación de dispositivos y datos de ubicación.

Sin embargo, la obligación no incluye almacenar el contenido de las conversaciones telefónicas, sino información que permite identificar las comunicaciones realizadas por los usuarios.

La legislación también contempla que las empresas colaboren con las autoridades en la geolocalización de dispositivos móviles en tiempo real, el bloqueo de líneas reportadas como robadas o extraviadas y la anulación de señales de telecomunicaciones dentro de centros penitenciarios, como parte de las medidas para combatir delitos como la extorsión.

Uno de los puntos centrales de la discusión fue el acceso de las autoridades a estos registros, pues los ministros analizaron la necesidad de contar con autorización judicial, así como los supuestos excepcionales previstos en la legislación para situaciones de urgencia.

Durante la sesión también se planteó la importancia de precisar que las disposiciones de la Ley de Telecomunicaciones deben interpretarse junto con el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece controles para la localización geográfica en tiempo real y la entrega de datos conservados.

SCJN rechaza argumentos sobre violación a la privacidad

La persona que promovió el amparo argumentó que las obligaciones impuestas a empresas como Telcel, AT&T y Movistar vulneran los derechos a la privacidad y protección de datos personales, al permitir la conservación de información de los usuarios sin su consentimiento.

Sin embargo, la ministra Ríos González sostuvo que la legislación establece límites sobre el tipo de información que pueden conservar las compañías, así como medidas para protegerla.

La ley delimita los datos susceptibles de conservación, establece plazos de resguardo, impone obligaciones de seguridad, confidencialidad e integridad de la información y sujeta el tratamiento de datos personales a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares”, señaló la ministra ponente.

Durante la discusión, algunos integrantes del Pleno cuestionaron el alcance de las disposiciones y solicitaron precisiones al proyecto, particularmente sobre los mecanismos de control judicial para acceder a la información.

Las diferencias provocaron un intercambio entre Ríos González y el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, luego de que la ponente manifestara su inconformidad con algunas de las modificaciones planteadas por sus compañeros.

No lo hacemos faltando al respeto, sino buscando que los proyectos tengan la mayor claridad para que orienten a todo el Poder Judicial Federal”, respondió Aguilar Ortiz.

Finalmente, la Corte negó el amparo y mantuvo las obligaciones de conservación de datos previstas en la legislación, con lo que las empresas de telecomunicaciones deberán continuar resguardando los registros de sus usuarios y atender los requerimientos de las autoridades conforme a los controles legales aplicables.

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Gerardo Farell

Gerardo Farell es periodista especializado en temas judiciales y políticos. Actualmente es reportero de la fuente judicial y de política en EL CEO, donde cubre las actividades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), política y su convergencia con el sector económico y empresarial. Cuenta con experiencia… Más »

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