
SCJN atrae caso Aguakan en medio de investigaciones contra empresarios ligados a GMD y GBM
La controversia deriva de la prórroga concedida en 2014 hasta 2053 a la empresa, acordada bajo el gobierno del exgobernador Roberto Borge
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió atraer un amparo promovido por Aguakan, con el que analizará si el Congreso de Quintana Roo actuó conforme a la Constitución al retirar la concesión de agua potable y alcantarillado que tenía la empresa en la entidad.
El litigio tiene su origen en la ampliación de una concesión otorgada originalmente en 1993 y cuya vigencia se extendió hasta 2053, mediante un acuerdo que involucró una contraprestación de 1,055 millones de pesos durante la administración del entonces gobernador Roberto Borge.
Sin embargo, durante el gobierno de Mara Lezama, las autoridades estatales impulsaron la terminación de la concesión, lo que abrió una disputa judicial que ahora llegará al máximo tribunal del país.
En el conflicto también figuran empresarios y exdirectivos vinculados con Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD) y Grupo Bursátil Mexicano (GBM), entre ellos Jorge Eduardo Ballesteros Franco, presidente del Consejo de Administración de GMD.
Otros nombres relacionados con el caso son Diego José Ramos González de Castilla, expresidente del Consejo de Administración de GBM; Paul Andrew Rangel Merkley, exdirector general de Aguakan, y Enrique Rojas Blasquez, quien formó parte del consejo de GBM.
La controversia por la concesión se desarrolla en paralelo a investigaciones penales contra algunos de los empresarios involucrados, relacionadas con presuntas irregularidades en la operación que permitió ampliar la vigencia del contrato.
Aguakan: una concesión de 1,055 millones de pesos bajo investigación
El origen del conflicto se remonta a 2014, cuando Paul Andrew Rangel Merkley y Diego José Ramos González de Castilla, en representación de Aguakan, suscribieron un acuerdo para ampliar la concesión de los servicios de agua potable y alcantarillado en Quintana Roo.
El convenio contó con la participación de la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), durante la administración de Roberto Borge.
La operación involucró 1,055 millones de pesos, cuyo origen y tratamiento forman parte de las acusaciones formuladas posteriormente por las autoridades estatales.
De acuerdo con la denuncia del gobierno de Quintana Roo, las dependencias involucradas habrían realizado operaciones relacionadas con esos recursos sin contar con las facultades legales correspondientes, por lo que las autoridades investigan su posible vinculación con el delito de lavado de dinero.
Aguakan ha defendido la legalidad de la ampliación de la concesión y ha sostenido que las acciones emprendidas por el gobierno estatal forman parte de una estrategia para retirarle la operación de los servicios de agua.
El conflicto escaló al ámbito penal a principios de 2025, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación contra Ballesteros Franco, Ramos González de Castilla y otros involucrados, a partir de una denuncia presentada por el gobierno de Mara Lezama.
SCJN también revisa amparo de empresario vinculado con Aguakan
La controversia por Aguakan también ha derivado en diversos recursos judiciales promovidos por los empresarios investigados, algunos de los cuales llegaron a la Suprema Corte.
En agosto, la SCJN atrajo, a petición del ministro Irving Espinosa Betanzo, un amparo promovido por Jorge Eduardo Ballesteros Franco, relacionado con una orden de aprehensión dictada en su contra.
El empresario, quien preside el Consejo de Administración de GMD, recurrió a la justicia federal para intentar dejar sin efectos la orden judicial emitida en el contexto de las investigaciones sobre la concesión.
Por su parte, Paul Andrew Rangel Merkley también promovió un amparo contra una orden de aprehensión y obtuvo una resolución favorable. En contraste, un juzgador negó inicialmente la protección federal a Ballesteros Franco al considerar que no presentó elementos suficientes para concederla.
Ambos empresarios promovieron sus recursos el 13 de marzo de 2025.
En el caso de Ballesteros Franco, el juzgador consideró que la orden de aprehensión emitida por un juez de control estaba debidamente fundada y motivada.
Así, la Suprema Corte tiene ante sí dos controversias distintas relacionadas con Aguakan: una sobre la constitucionalidad del retiro de la concesión y otra vinculada con las acciones penales emprendidas contra uno de los empresarios relacionados con la compañía.
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