FGR inicia investigación sobre solicitud de extradición de Rubén Rocha; acusa falta de pruebas
Los tratados bilaterales indican que la extradición se dará si existen pruebas y son suficientes para confirmar las acusaciones.
La Fiscalía General de la República (FGR) iniciará una investigación paralela en relación con los señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.
En un mensaje, el Fiscal de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, Ulises Lara López, informó que recibieron la solicitud de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), emitida por las autoridades estadounidenses, para iniciar los procesos de extradición de Rocha Moya, así como de otros nueve funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Sinaloa, y que la investigación que ellos harán será para ver si se cumplen los requisitos.
Como es del conocimiento público, la legislación mexicana señala claramente que para solicitar a la autoridad judicial una orden de aprehensión se requiere presentar datos de prueba que infieran la posibilidad de que alguna persona ha cometido un delito”, señaló el fiscal.
Lara López explicó que, según los tratados bilaterales explican que solamente concederán la extradición si existen pruebas y son suficientes para confirmar las acusaciones.
De manera particular, es necesario precisar que dicha solicitud no se acompaña de elementos probatorios suficientes que aporten evidencias contundentes respecto de los hechos narrados”, alertó
.
Agregó que: “al margen de la ley, nada, por encima de la ley, nadie”.
Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa / Fotoarte: Mariana FloresEU reveló presunta información confidencial
Ulises Lara denunció que el gobierno estadounidense, al emitir un mensaje sobre la acusación en contra del mandatario estatal y otras personas, violó la confidencialidad que ellos también solicitan en su petición.
“Lo anterior toma en cuenta, de acuerdo con la propia misiva, que dar a conocer dicha información con otros fines distintos, podría ser un detrimento de la naturaleza confidencial de los procedimientos penales en Estados Unidos y contrario a las normas procesales que los gobiernan”, dijo.
El fiscal mencionó que deben tomarse las “medidas correspondientes” para garantizar que la información que se proporciona se maneje en carácter “confidencial y reservado”.
Deben desaforarlos antes
Por otro lado, el fiscal de asuntos especiales expuso que, según la legislación mexicana, los funcionarios señalados deben ser desaforados antes y someterse a la legislación mexicana.
En el caso de gobernadores y senadores, se requiere iniciar un juicio de procedencia para obtener una declaratoria que retire la inmunidad procesal a las personas servidores públicas que ostentan dichos cargos”, comentó.
Las autoridades de Estados Unidos afirman que los acusados ayudaron al Cártel de Sinaloa a traficar grandes cantidades de droga hacia Estados Unidos, además de proteger cargamentos y las estructuras logísticas de la organización delictiva.
Los acusados
- Rubén Rocha Moya, Gobernador de Sinaloa
- Enrique Inzunza Cazárez, Senador mexicano; ex secretario general de Sinaloa
- Enrique Diaz Vega, Exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa
- Damaso Castro Zaavedra, Fiscal General Adjunto de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa
- Marco Antonio Almanza Aviles, Exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa
- Alberto Jorge Contreras Núñez, Alias “Cholo”, Exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa
- Gerardo Mérida Sánchez, Exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa
- José Antonio Dionisio Hipolito, También Conocido Como “Tornado”, Ex subdirector de la Policía del Estado de Sinaloa
- Juan De Dios Gamez Mendivil, Alcalde de Culiacán
- Juan Valenzuela Milán, Alias “Juanito”, Ex comandante de alto rango en la Policía Municipal de Culiacán
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