El regreso de la UIF: retoma su relevancia en investigaciones de alto perfil con el caso Rocha Moya
La reciente actuación de la UIF en el caso de Rubén Rocha Moya evidencia que el organismo está recuperando su peso institucional en investigaciones de alto perfil.
La actuación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el caso de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia del estado de Sinaloa, frente a las acusaciones por parte de Estados Unidos, pone en evidencia la reactivación de su papel institucional en investigaciones de alto perfil.
De acuerdo con Mario Maldonado, director general de EL CEO, luego de que se presentará una solicitud de detención con fines de extradición contra el gobernador de Sinaloa por el Departamento de Justicia estadounidense y la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), una inacción por parte de la UIF habría sido más cuestionada que la medida precautoria que tomó: bloquear las cuentas bancarias de Rocha Moya.
La UIF actuó dentro de sus atribuciones legales, como lo permite el marco normativo cuando existen indicios suficientes para prevenir movimientos de recursos potencialmente vinculados con actividades ilícitas”, aseguró Maldonado en su columna de El Universal.
UIF, con mayor peso institucional
Según Mario Maldonado, más allá del expediente contra Rocha Moya y nueve funcionarios y exfuncionarios de su entorno, el caso refleja un cambio más amplio: el retorno de una UIF con mayor peso operativo dentro de la estrategia de seguridad federal.
Fotoarte: Ericka RoblesBajo la actual dirección de Omar Reyes Colmenares, quien es un operador más técnico y más alineado a la estructura del gabinete de seguridad por su cercanía con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP), Omar García Harfuch, la UIF comienza a recuperar esos movimientos estratégicos que caracterizan al organismo.
La UIF volvió a insertarse en una estrategia integral donde la inteligencia financiera es una pieza clave para seguir la ruta del dinero de estructuras criminales”, subrayó Mario Maldonado.
El expediente de Rocha Moya encaja con precisión en ese nuevo esquema, ya que los convenios de colaboración firmados con agencias estadounidenses obligan a una reacción institucional sobre personajes de alto perfil.
Los periodos anteriores
En el periodo 2021-2025, en los que Pablo Gómez Álvarez estuvo al frente de la UIF, la institución perdió protagonismo y dejó de desempeñar el papel que le correspondía en el combate al lavado de dinero, la corrupción y el financiamiento de organizaciones criminales.
La UIF pasó de ser un actor central en investigaciones de alto impacto a una oficina con presencia marginal, sin la fuerza institucional que exige el momento que vive el país en materia de seguridad y control financiero”, señaló el periodista.
Con Santiago Nieto Castillo en 2018 hasta 2021, la UIF sí tuvo visibilidad, pero buena parte de esa exposición respondió a una lógica política. El organismo se convirtió en una herramienta de presión y en una “plataforma personal para un funcionario que construyó notoriedad pública desde ese cargo y que hoy busca convertirse en candidato de Morena al gobierno de Querétaro”.
UIF actuará contra distintos actores
El caso Rocha Moya tiene además una dimensión política interna de gran profundidad. Durante años, gobernadores, exgobernadores, alcaldes y operadores partidistas se defendían con el argumento de persecución política.
Ahora, este discurso pierde fuerza si la UIF comienza a actuar también contra actores políticos de distintos partidos, incluidos mandatarios estatales que no pertenecen a Morena.
Y eso es precisamente lo que, según fuentes de Mario Maldonado dentro del gabinete de seguridad, está ocurriendo. La UIF tiene bajo análisis expedientes relacionados con otros gobernadores y con al menos un presidente municipal del norte del país. Algunos pertenecen a fuerzas opositoras.
La lógica, aseguran, es equilibrar la balanza y desmontar de antemano la narrativa de selectividad política”, puntualizó Maldonado.
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