Ocho días antes de que inicien las labores del nuevo periodo legislativo, en febrero de 2021, aún quedan temas pendientes por discutir como la eliminación del outsourcing en México.
Desde el 24 de octubre pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que la reforma al outsourcing, que contempla su eliminación, debe ser implementada rápidamente para proteger a los trabajadores.
Durante esa semana se reunió con empresarios en el Palacio Nacional para discutir, por segunda ocasión, la reforme que propone la desaparición del outsourcing en México.
Por parte de la iniciativa privada participaron Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE); Francisco Cervantes, presidente de Conamin; José Manuel López Campos de Concanaco-Servytur; Antonio del Valle Perochena, presidente del Consejo Mexicano de Negocio,y Claudia Jañez, presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales.
Después, el 9 de diciembre la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) no cedieron ante la tregua que logró el gobierno federal con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) sobre posponer y revisar la iniciativa.
A través de un acuerdo entre los sectores obrero y empresarial se solicitó al Poder Legislativo aplazar hasta 2021 la discusión de la ley del outsourcing.
Se realizará un proceso de consulta para que el próximo periodo ordinario de sesiones el Legislativo se presente una nueva iniciativa para la regulación de la subcontratación
dijo la secretaria del trabajo, Luisa María Alcalde.
Entre los acuerdos que se deberán atender están el resolver el problema de subcontratación del personal y que las empresas inicien la regularización de sus plantillas. También se revisará el esquema de reparto de utilidades a fin de que sea más justo.
Son embargo, después de que se anunció el acuerdo en la conferencia, Coparmex envió un comunicado donde acusó que la iniciativa del Ejecutivo Federal pretende coartar la libertad de la subcontratación y atenta contra la creación y preservación de empleos formales.
“Su aprobación en estos términos dañaría seriamente a la competitividad del país y llevaría al cierre de miles de micro, pequeñas y medianas empresas”, advierten.
Justificaron ésa como la razón principal para no sumarse al acuerdo que propuso la administración actual.
¿Qué se dijo alrededor de la reforma?
La regulación del outsourcing en México podría dejar una derrama de 400,000 millones de dólares en el país por parte de empresas de Estados Unidos y se generarían hasta 2.8 millones de empleos formales, dijo este miércoles el presidente de la American Society, Larry Rubin.
El monto de la inversión podría iniciar aproximadamente en 2022, bajo el supuesto de que la ley de subcontratación entre en vigor el próximo año.
Este impacto se empezaría a generar a partir del 2022 (y en los) cinco años posterior a esta fecha, pero siempre y cuando en 2021 se tomen decisiones certeras, decisiones que apoyen y fortalezcan a la inversión extranjera
dijo Rubin en videoconferencia
Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal (CEEF), una de la partes que participaron en el Parlamento Abierto que organizó el Senado en noviembre de 2020, dijo en entrevista para El CEO que la eliminación del outsourcing restaría competitividad económica a México, pues a la fecha representa una derrama económica de 2 mil millones de pesos al IMSS y
900,000 millones más al Infonavit.
En cambio, propusoque en el régimen de contratación no se facture el IVA, de esa manera las ‘factureras’ no podrán beneficiarse; por otra parte, que se dé un giro a los repartos de utilidades hacia bonos de productividad para que las empresas no puedan eludir sus responsabilidades.
“La solución no es eliminar el outsourcing en el país. Esta propuesta hecha por el Ejecutivo representaría una baja de credibilidad para los inversionistas nacionales e Internacionales, quienes recurren a este esquema para contratar talento en variados puestos, y hoy representa una fuente de empleo formal para más de 4.6 millones de trabajadores”.
Respecto al abuso de algunos empleadores de esta figura para evadir el pago de impuestos y otras responsabilidades con sus empleadores es un problema que debe atenderse, dice. Sin embargo, sostiene que las autoridades no tienen los recursos, ni ha existido voluntad completa para sancionar en los casos requeridos.
“Trabajar este aspecto requiere una regulación, más no la desaparición completa de este esquema”, agregó.
