El título del libro “El rey del cash” escrito por Elena Chávez probablemente expondrá en sus 290 páginas muchas historias de los hombres y mujeres en el poder, pero desde ahora puedo afirmar que contendrá una verdad indiscutible, sin importar el oscuro deseo de las autoridades para llevar a la mínima expresión el uso del efectivo… El efectivo es el rey y no veo un escenario en el que esto cambie.
Lo anterior lo pueden confirmar los narcotraficantes, los factureros (que ni remotamente desaparecieron durante esta administración) y, por supuesto, los políticos.
El dinero en efectivo sin ninguna duda se encuentra en la cima de la cadena alimenticia porque, no obstante, todas las medidas de control que supuestamente tenemos para monitorear su comportamiento dentro de los sistemas financieros y económicos, se sigue moviendo con toda la tranquilidad.
Prueba de ello es que los cárteles siguen teniendo acceso a sus capitales: en 2021 el Global Financial Integrity (un think tank enfocado a analizar temas de crímenes financieros, corrupción y blanqueo de capitales), estimaba que en México el monto de dinero blanqueado iba de los 18,000 a los 44,000 millones de dólares al año.
¿Cuánto dinero proveniente de delitos es usado y lavado por los políticos en México de todos los tamaños y partidos? No lo sabemos porque simplemente nadie se ha dado a la tarea de aceptar que esto ocurre, para luego buscar la ruta de ese dinero.
Regresando al libro de Elena Chávez, y en el entendido de que lo único que sabemos de este son adelantos por parte de periodistas como Denise Dresser, Raymundo Riva Palacio y Salvador García Soto, plantearé aquí algunas preguntas que en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador se verá obligado, tal vez no a responder, pero si a enfrentar.
- Si resulta ser cierto que funcionarios como Marcelo Ebrard y Mario Delgado, entre muchos otros, entregaban maletas con riguroso efectivo a la casa de la eterna campaña de nuestro ahora presidente ¿esto implicaría la comisión de una serie de probables delitos, como el de delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita? tan solo por mencionar los delitos contemplados en el Código Penal Federal considerando que las oficinas del candidato eran visitadas por funcionarios y políticos de todos los rincones del país.
- Tomando en cuenta la posibilidad de que se trate de un elevado número de funcionarios los involucrados ¿estaríamos ante un maxiproceso a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR)?
- Aunque en los archivos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) deben existir investigaciones iniciadas durante las administraciones de Fox, Calderón y Peña ¿la UIF solicitará al sistema financiero información respecto de todas las personas involucradas? ¿Les bloquearía las cuentas bancarias como lo ha hecho con numerosos adversarios?
He defendido casos contra la UIF armados con recortes de periódico, no veo razón por la que un libro no sea objeto de una investigación formal.
- ¿Existe una relación entre sus allegados y redes de factureros para poder mover estos recursos? Hace varios años un político me dijo que las empresas fantasma eran la mejor herramienta para robar dinero sin tener que aventarse la bronca de mover el dinero.
- Ya que se están enviando recursos al gobierno de El Salvador al amparo de nuestros programas sociales y hay fuertes rumores de que fueron usados para la compra de Bitcoins ¿no debería involucrarse a la UIF y a la FGR?
- ¿Qué pasaría si hay denuncias anónimas o con nombre y apellido en contra de las personas señaladas en el libro? Ya ví a la senadora Xóchitl Gálvez afuera de la FGR tomándose una foto con el acuse de recibido.
- ¿Se organizaría una Comisión de la Honestidad para intentar saber cuánto dinero se movió por tantos años y cuáles fueron sus destinos?
- ¿Qué pensaría si alguno de los señalados acepta ser testigo protegido? ¿Se correría el riesgo de que se sepa la verdad de casos como el del fideicomiso “Por los demás” mediante el que se lavaron cosa 78 millones 818 mil 566 pesos?
Aunque esas no son todas las preguntas hasta ahí la dejo para pasar a la realidad: ni el presidente ni sus mujeres ni sus hombres corren mayor riesgo ya que el libro no es, per se, un documento probatorio a menos que alguien diera un paso al frente para ofrecer su dicho como una prueba testimonial.
Andrés Manuel, Marcelo, Mario, César y todos los involucrados pueden relajarse ya que, dado el caso, podrán acogerse al principio de la no autoincriminación y dedicarse al manejo de otra crisis reputacional.
Esa honestidad valiente en verdad que es redituable.
