
#InformaciónConfidencial: Deuda pública acecha los 19 billones de pesos
Cuando llegó AMLO a la presidencia, la deuda pública era de 10.5 billones de pesos, de acuerdo con Hacienda.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público reveló la situación de las finanzas públicas al cierre del primer trimestre del año que dejó varias dudas por la caída de 0.6% anual en los ingresos tributarios, pero también por el crecimiento de la deuda pública.
Hasta marzo de este año, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), que es la medida más amplia para analizar la deuda, se ubicó en 18.8 billones de pesos, un crecimiento de 2.2% anual en términos reales.
Para poner en perspectiva, al cierre de marzo de 2025, el SHRFSP era de 17.7 billones de pesos. El crecimiento ha sido constante, pues en octubre de 2024, cuando inició el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, era de 16.8 billones de pesos. Peor aún, en diciembre de 2018, cuando llegó Andrés Manuel López Obrador, el SHRFSP era de 10.5 billones de pesos.
Lo más alarmante es que Hacienda, a cargo de Édgar Amador Zamora, prevé que la deuda cierre este año en 20.2 billones de pesos. Como porcentaje del PIB asciende a 50.4%, pero la probabilidad de que llegue a 56.1% cuando concluya el 2026 es muy elevada.
BanBajío busca estabilidad con cambio de CEO
En la llamada con inversionistas, BanBajío dijo que la llegada de Iván Lomelí como CEO a partir del 1 de mayo, será una transición ordenada. Esto, a unos día de que Banamex comunicó que fichó a Edgardo del Rincón como su próximo director general.
El nuevo CEO dejó claro que no habrá giro estratégico. La institución mantendrá su enfoque en crédito a empresas y buscará crecer en mercados donde tiene menor participación.
El movimiento llega en un entorno de presión en márgenes para la banca. En este escenario, BanBajío opta por estabilidad en el mensaje y disciplina en la operación.
Un respiro para Ebrard en materia de propiedad intelectual
El gobierno de Donald Trump le dio un respiro a la Secretaría de Economía de Marcelo Ebrard, pues reconoció los avances de México en materia de protección a la propiedad intelectual, luego de que el país fuera retirado de la Lista de Vigilancia Prioritaria del Reporte Especial 301, elaborada por la Oficina del Representante Comercial estadounidense (USTR).
Esta lista agrupa a las naciones con mayores preocupaciones en materia de propiedad intelectual, por lo que la salida de México marca un cambio relevante en la evaluación internacional de cara a la revisión del T-MEC.
Ahora, el gobierno federal tendrá que enviar al Congreso, en un plazo de 30 días, una serie de reformas para fortalecer el marco legal en la materia. Estas incluyen modificaciones al Código Penal Federal para combatir la piratería, así como ajustes a la Ley Federal del Derecho de Autor con el objetivo de reforzar la responsabilidad de los proveedores de servicios de internet frente a la piratería digital.
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