Telmex, Megacable y Totalplay denuncian presunta extorsión millonaria de alcaldesa de Salvador Alvarado, Sinaloa
Empresas de telecomunicaciones acusan cobros ilegales por más de 1,500 millones de pesos en Salvador Alvarado; el caso ya llegó a la FGR y al Congreso de la Unión.
La administración municipal encabezada por Guadalupe López González, en el Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Sinaloa, habría realizado cobros ilegales por 1,500 millones de pesos a empresas cableras, como Telmex, Megacable y Totalplay, por lo que la funcionaria enfrenta señalamientos y denuncias por presunta extorsión.
De acuerdo con reportes periodísticos, Pedro Molineros Urías, “asesor” de la alcaldesa, es quien “negocia” con dichas empresas, ofreciendo “reducciones” de entre 60% y 70% sobre las sanciones impuestas, en un esquema de extorsión similar al que se documentó en Tequila, Jalisco, en contra de la empresa José Cuervo, y que culminó con la detención del alcalde Diego Rivera Navarro en febrero de este año.
Las compañías afectadas acusan que dichas exigencias económicas carecen de sustento legal y contravienen criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El caso también ha generado preocupación por posibles afectaciones a los servicios de internet y telecomunicaciones para miles de usuarios que dependen de estas redes para actividades laborales, educativas y comerciales.
El modus operandi en Salvador Alvarado
De acuerdo con las denuncias presentadas, el gobierno municipal de López González habría intentado cobrar estos montos millonarios por la instalación de infraestructura en postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La controversia ocurre en un contexto en el que la SCJN ha emitido diversas resoluciones que limitan la intervención municipal en materia de telecomunicaciones. En distintos litigios, el máximo tribunal ha determinado que la instalación, operación y mantenimiento de infraestructura de telecomunicaciones son competencias reservadas a la Federación.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa ha señalado en resoluciones previas que los municipios no pueden crear disposiciones que interfieran con un régimen regulatorio federal.
Entre los precedentes existen casos en Guerrero e Hidalgo, donde fueron invalidados cobros relacionados con infraestructura de telecomunicaciones.
Fotoarte: Ericka RoblesAcusan afectaciones a la infraestructura y al servicio
Las denuncias también incluyen presuntos cortes de cableado y afectaciones a redes de telecomunicaciones. Especialistas del sector advierten que estas acciones podrían impactar directamente la continuidad de servicios esenciales para la población.
Gabriel Székely, representante de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones, afirmó que algunos municipios buscan obtener recursos mediante cobros que consideran improcedentes.
“Es un problema más general lo que está ocurriendo en el país y eso es lo grave: los municipios tienen poco acceso a recursos, entonces piensan que con las empresas, muchas de ellas poderosas empresas globales, pueden extraer recursos”, dijo en una entrevista con Azteca Noticias.
Por su parte, Federico González Luna, abogado especializado en el sector, sostuvo que cualquier intento de gravar infraestructura federal podría generar responsabilidades legales para las autoridades involucradas.
Lo que dice el artículo 5 de la Ley Federal de Telecomunicaciones es clarísimo: esto es jurisdicción federal, no tienen derecho a hacerlo y, si lo hacen, están actuando contra la ley y son sujetos de responsabilidad, probablemente no solo administrativa, sino también penal”, mencionó, citado por el mismo medio.
Congreso pide intervención federal
El diputado federal priista Mario Zamora Gastélum presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente para solicitar la intervención de la FGR. El legislador calificó el caso como un posible esquema de “cobro de piso” institucional y pidió garantizar la continuidad de los servicios de telecomunicaciones en Salvador Alvarado.
Asimismo, exhortó a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) a revisar la situación y evitar riesgos de incomunicación para los usuarios.
Hasta el momento, las investigaciones continúan y serán las autoridades federales las encargadas de determinar si existieron responsabilidades administrativas o penales.
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