Telefónica no pudo cantar victoria.
Este miércoles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió no pronunciarse en relación a un amparo que promovió la empresa de telecomunicaciones contra la Ley Federal de Derechos que, según argumentos de la empresa, le hizo pagar mucho más dinero del que debería por el uso de las frecuencias que utiliza para dar sus servicios.
Algunos de los magistrados de la Primera Sala encontraron causales de improcedencia en el expediente 611/2017, por lo que, en lugar de votar en favor o en contra de Telefónica, decidieron regresar la solicitud a un Tribunal Colegiado.
De acuerdo con el expediente difundido por la SCJN, será ahora el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Administrativa, especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones el que recibirá el caso.
La queja de Telefónica, la segunda empresa con mayor número de líneas móviles en México, tiene su origen en 2016, cuando la empresa promovió un juicio de amparo en contra de los artículos 244-B y el 244-A de la Ley Federal de Derechos.
La empresa se quejaba de que las tarifas “desproporcionadas” e “inequitativas” que pagó al gobierno por las frecuencias que usa para dar sus servicios de telefonía móvil y banda ancha (que son las 800 y 1900 MHz), comparadas con las tarifas que debe pagar la empresa que opera otro tipo de frecuencias como la de 700 MHz, a pesar de ser el mismo bien público.
De acuerdo con cálculos de Gerardo Flores Ramírez, exsenador y especialista en el sector, la cuota que paga Telefónica podría ser hasta 90% superior a la que paga ALTÁN Redes, la empresa que opera la frecuencia de 700 MHz, que es la que se usa para la Red Compartida.
En la sesión de hoy se tenía previsto que la Suprema Corte votara un proyecto elaborado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena en el que no solo le daba la razón a Telefónica, sino que concluía que el gobierno debía regresarle a la empresa alrededor de 7,800 millones de pesos por el exceso de tarifa que la pagó de 2016 a 2018.
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