La aprobación de la reforma a la Ley Minera en fast track por parte del Senado durante el fin de semana sorprendió al sector minero, que anticipa daños colaterales y acciones legales.
Aunque la iniciativa incluyó algunos cambios respecto al planteamiento original del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) —como una duración de las concesiones de hasta 80 años en lugar de 30 o la reducción de la contraprestación a las comunidades del 10% al 5% de las utilidades— los cambios generan preocupación, coincidieron especialistas.
A pesar de que hay cosas que se hicieron menos críticas, sentimos que nos cambiaron el marco regulatorio de un ‘plumazo’ y eso siempre deja un sabor amargo (…) la visión y expectativas de un inversionista es un marco jurídico estable y una gobernanza en los poderes representativos del Estado
dijo Armando Ortega, presidente del Mining Task Force de la Cámara de Comercio de Canadá en México (Cancham).
El presidente del Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (CIMMGM), Raúl García Reimbert, consideró que a diferencia de la primera iniciativa, la versión aprobada no es draconiana en contra de la minería, sino fuerte para el trabajo minero.
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García Reimbert mencionó que en medio de la incertidumbre por cómo quedarán los cambios entre inversionistas, pueden generarse daños colaterales como frenar inversiones o la pérdida de empleos, por lo que desde su trinchera buscarán evitar estos efectos.
Acciones a nivel local e internacional
Con la aprobación de la reforma y su eventual entrada en vigor, también se abriría la puerta a que las empresas presenten recursos ante cortes nacionales, recurran a arbitrajes internacionales o se den mecanismos bajo acuerdos comerciales.
Armando Ortega mencionó que así como ocurrió con la reforma para nacionalizar litio, el Senado podría promover una acción de inconstitucionalidad, impulsada por el bloque opositor, mientras la Cámara Minera de México (Camimex) también podría interponer un amparo gremial.
Las mineras también podrían acudir por amparos de forma individual, así como buscar resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para encontrar un equilibrio entre las reformas planteadas y lo previsto en las disposiciones, apuntó Selene Espinosa, socia del Área Corporate & Financial Transactions de la firma Holland & Knight.
Uno de los temas que preocupa mucho a los inversionistas en el sector es la posible violación a tratados internacionales, seguramente cabrían arbitrajes internacionales, de inversión y otros mecanismos internacionales a la luz del T-MEC
añadió la abogada.
Previo al paso de la iniciativa por la Cámara de Diputados, Camimex advirtió que la reforma podría dar lugar a litigios, arbitrajes internacionales o mecanismos bajo el acuerdo comercial T-MEC, pero hasta el momento no ha informado si emprenderá acciones.
En tanto, el jueves pasado Grupo México descartó en una llamada con analistas afectaciones a su cartera de proyectos a corto y mediano plazo por las modificaciones a la ley, debido a que ya contaba con las concesiones, aunque dijo que evaluaría su evolución.
Tras la aprobación de la reforma, la minera comentó al EL CEO que por el momento no tenía comentarios adicionales.
Oportunidad en reglamento
Raúl García destacó la importancia de la prudencia jurídica y el análisis profundo antes de dar curso a las acciones legales, considerando a todas las partes involucradas en la actividad minera.
El presidente del CIMMGM consideró que el reglamento que deberá elaborarse en los 180 días posteriores a la entrada en vigor de la reforma brindará una oportunidad de colaboración entre el gobierno y los privados.
“Que el reglamento sea más claro y más específico y permita seguir trabajando conforme a los acuerdos que tenemos con otros países”, expresó.
Agregó que el reglamento podría dar mayor claridad en aspectos como lo que ocurrirá con la exploración, una actividad que quedaría a cargo del Servicio Geológico Mexicano, pero que podría complicarse por las inversiones intensivas de capital que requiere.
