CNA multa a Liverpool, Chedraui, GICSA y otras empresas por prácticas anticompetitivas en rentas
La CNA acusó a las empresas de coordinarse para no dar descuentos a sus arrendatarios, pese a haberlos establecido previamente.
La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) impuso sanciones por más de 500 millones de pesos a diversas empresas inmobiliarias y personas físicas por presuntamente manipular los precios de renta de locales comerciales y coordinarse para establecer tarifas durante la pandemia de COVID-19.
A través de un comunicado, el organismo identificó a Grupo Danhos, GICSA, Liverpool, Acosta Verde, Chedraui, DMI, ARYBA y la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) como algunas de las entidades involucradas en la conducta investigada.
Fotoarte: Mariana FloresHasta el momento, la autoridad no ha dado a conocer la identidad de las personas físicas que también fueron sancionadas por estos hechos.
De acuerdo con la CNA, las compañías señaladas podrán interponer los recursos legales correspondientes ante los tribunales especializados. Hasta ahora, ninguna de las empresas mencionadas ha emitido una postura pública sobre las sanciones impuestas.
¿Por qué las sancionó la CNA?
La autoridad explicó que, durante la pandemia de 2020, las empresas involucradas se coordinaron para fijar descuentos máximos en las rentas de locales comerciales y limitar su otorgamiento a los inquilinos, bajo el argumento de la presión financiera derivada de las restricciones sanitarias.
En su momento, la Comisión enfatizó que, a pesar de las dificultades derivadas del cierre de actividades, la ley y la normativa en materia de competencia económica seguían aplicando, por lo que las empresas no debían coordinarse con sus competidores”, señaló la CNA.
El organismo destacó que las empresas pueden definir de manera libre y unilateral las condiciones comerciales que ofrecen a sus clientes, incluidos descuentos o incentivos. Sin embargo, coordinar estas decisiones con competidores puede constituir una práctica anticompetitiva.
Según la CNA, esta conducta generó un daño económico estimado en alrededor de 404 millones de pesos durante un periodo particularmente sensible para la economía nacional.
En México, muchas personas y comercios dependen de la renta de locales comerciales para ofrecer bienes y servicios. Las prácticas anticompetitivas en el sector inmobiliario no solo impactan los costos de los negocios, sino también el empleo y los precios de los bienes y servicios que estos ofrecen, afectando así el bienestar de la población en general”, señala el documento.
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