La volatilidad de la demanda energética en México por la pandemia de coronavirus, así como las carencias de infraestructura para la transmisión y distribución de electricidad, han servido como justificación para que la Comisión Federal de Electricidad elimine toda pretensión de imparcialidad en el mercado y forme una alianza con los entes reguladores, que representa otro golpe al ya vapuleado sector de las energías limpias.
“Lo que están proponiendo le va a afectar fuertísimo a la industria privada”, señaló Abán Moreno, maestro en administración de fuentes renovables. “Lo que sabíamos del acuerdo de Cenace es que era temporal, y ahora pareciera que ya lo toman como algo que continuará de forma más prolongada”.
Moreno destacó que la postura de la Comisión sobre la priorización de sistemas que otorgan fiabilidad al sistema es comprensible, pero advirtió que es “jugarle chueco” a los inversionistas privados de energías renovables, pues se están aumentando las trabas para la interconexión de estas tecnologías en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
El Acuerdo de confiabilidad del Centro Nacional de Control de Energía señalaba que se pausarían las pruebas previas a la conexión de energías limpias al SEN mientras durara la baja demanda energética.
El nuevo documento de CFE, por el contrario, señala la falta de infraestructura adecuada como el problema más apremiante, por lo que la reducción a los permisos de conexión podría mantenerse hasta que la infraestructura se considere “suficiente”. Esta suficiencia quedaría a consideración de CFE y los reguladores, por lo que se trata de una captura regulatoria por parte de uno de los regulados.
“(No se sabe) cuáles van a ser las reglas para que todos estemos en igualdad de condiciones y sepamos lo que nos van a pedir para decidir si esto sigue siendo una oportunidad de inversión o no”, destacó Moreno.
La insuficiencia en la infraestructura del SEN existe, coincidieron varios actores del sector, pero esta puede atribuirse principalmente a CFE, la Comisión Reguladora de Energía y la Secretaría de Energía, quienes ahora están al frente de estas nuevas políticas que afectarán de forma desmedida a la iniciativa privada.
Además, tanto Moreno como René Narváez, experto en mercado eléctrico, concordaron en que los cambios no eran urgentes, y que podrían implementarse en 5 o 10 años bajo un esquema de mejor planeación estratégica. “Lo que no se vale es cambiar las reglas de forma repentina, sin información y sin alternativas”, señaló Moreno.
La filtración de un documento de CFE el 8 de junio también revela que la CFE podría estar perdiendo el control de sus estrategias, pues representa una más en una serie de filtraciones surgidas de oficinas públicas del sector energía.
Esta vez, la publicación del documento podría afectar el resultado final de la estrategia que la administración pretende implementar, aunque esto no significaría el final de la batalla.
“Independientemente de que se pueda dar una suspensión en juzgados, eso no limita al gobierno a cambiar el nombre o dejar ese intento fallido y seguir impulsando los cambios, porque así es como se ha hecho todo: con algunos fracasos”, advirtió Narváez.
Narváez también señaló que no es casualidad que el documento de CFE no mencione participación privada en las mesas de trabajo, y que es prácticamente un hecho que esto no ocurrirá, por lo que las empresas tendrán que buscar cambios a la estrategia por medio de vías legales, con cada mesa como una batalla individual.
