El gobierno del presidente Joe Biden otorgará el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a los migrantes venezolanos que viven en Estados Unidos, una medida que impide su deportación y les permite trabajar.
También está trabajando para coordinar la presión internacional contra el presidente de Venezuela Nicolás Maduro para que celebre elecciones libres y justas, dijeron este lunes funcionarios estadounidenses de alto rango.
La decisión, que podría ayudar a unas 320,000 personas, cumple una promesa que hizo Biden durante la campaña electoral de 2020 de dar refugio a los venezolanos que abandonaron su patria en medio del colapso económico, la crisis humanitaria y la agitación política bajo Maduro.
Los venezolanos en Estados Unidos tendrán que demostrar que han estado residiendo en el país de manera continua hasta el 8 de marzo de 2021 para calificar para la designación de Estatus de Protección Temporal, dijeron los funcionarios a los periodistas. Si cumplen con los criterios, se les concederá un indulto de 18 meses para quedarse.
“Si alguien llega mañana o cualquier día después, no califica”, advirtió un funcionario.
La decisión se deriva de “condiciones temporales extraordinarias” en Venezuela, que incluyen “hambre y desnutrición generalizadas, presencia e influencia crecientes de grupos armados no estatales, una infraestructura en ruinas”, dijo uno de los funcionarios.
“No es seguro para ellos regresar”, agregó el funcionario.
Los venezolanos tendrán 180 días para solicitar este beneficio migratorio y el trámite tiene un costo total de 545 dólares, además de estar sujeto a la verificación de antecedentes.
La protección del TPS está diseñada para países que sufren conflictos armados o desastres medioambientales como huracanes o terremotos, o situaciones catastróficas como epidemias.
Este beneficio está actualmente disponible para Siria, Sudán, Sudán del Sur, Somalia, Nicaragua, Nepal, Honduras, Haití, El Salvador y Yemen.
Unos 5.4 millones de venezolanos han emigrado en los últimos años, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Cuando Biden asumió el cargo el 20 de enero, heredó de su predecesor en la Casa Blanca, Donald Trump, un paquete de duras sanciones que endureció aún más el lazo económico sobre el estado miembro de la OPEP, pero no logró desalojar a Maduro del poder.
Uno de los altos funcionarios de la administración reiteró la posición de la Casa Blanca de que Biden “no tiene prisa” por levantar las sanciones contra Venezuela.
Pero el funcionario enfatizó que el presidente de Estados Unidos se estaba alejando del enfoque, mayormente unilateral, de la campaña de “máxima presión” de Trump y se coordina más estrechamente con socios internacionales en un esfuerzo por obligar a Maduro a celebrar elecciones libres y justas.
El funcionario insistió en que Maduro y sus aliados no encontrarán “cuartel en ninguna parte” hasta que negocien en serio con la oposición. Sin embargo, Maduro no ha dado señales de hacer concesiones.
Al mismo tiempo, el funcionario dijo que el gobierno estadounidense estaba revisando las sanciones de Venezuela para asegurarse de que sean efectivas contra los objetivos previstos y no castigar “innecesariamente” al pueblo venezolano.
Motivaciones políticas
Un funcionario estadounidense negó que esta medida tuviera una motivación política de cara al electorado del sur de Florida, una pieza clave en las elecciones en Estados Unidos y que en las últimas elecciones favoreció a Trump.
“Para nada, el sufrimiento y la continua inestabilidad que ha soportado el pueblo venezolano está bien documentado”, indicó el alto cargo.
El gobierno de Biden ha desmantelado muchas de las políticas migratorias del gobierno de Trump y actualmente los demócratas impulsan una reforma migratoria en el Congreso con el apoyo de la Casa Blanca.
Un proyecto de ley para dar TPS a los venezolanos fue presentado por los demócratas en enero y estaba esperando a ser tramitado en el Senado.
Estados Unidos no reconoce al gobierno de Nicolás Maduro por considerar que su segundo mandato es ilegítimo debido a irregularidades en las elecciones de 2018 y considera como presidente interino al líder opositor Juan Guaidó.
Con información de Reuters y AFP
