S&P pone en revisión calificación de Sinaloa por acusaciones a Rubén Rocha Moya
S&P no descartó una baja de la calificación en uno o varios niveles si observa un deterioro significativo en la liquidez del estado.
La agencia S&P Global Ratings colocó la calificación crediticia del estado de Sinaloa en revisión especial con implicaciones negativas, en medio del impacto que comienza a generar el caso del gobernador Rubén Rocha Moya.
La decisión se da un día después de que autoridades de Estados Unidos acusaron formalmente al mandatario estatal por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, lo que abre un frente de riesgo para la relación financiera del estado con bancos e inversionistas, de acuerdo con la agencia calificadora.
S&P advirtió que estos eventos podrían traducirse en condiciones más restrictivas para el financiamiento de la entidad, en un contexto donde su liquidez ya era vulnerable, aunque señaló que aún es temprano para medir el impacto total.
Posible recorte de calificación en los próximos 90 días
La agencia anticipó que resolverá la revisión en un plazo de hasta 90 días, conforme haya mayor claridad sobre el impacto del caso en la administración financiera del estado.
S&P no descartó una baja de la calificación en uno o varios niveles si observa un deterioro significativo en la liquidez, el desempeño presupuestal o la gestión financiera.
En caso contrario, podría confirmar la nota actual, dependiendo de cómo evolucionen los riesgos derivados de los señalamientos a Rocha Moya.
Caso Rocha Moya presiona percepción de riesgo en Sinaloa
La calificadora señaló que los anuncios recientes —en referencia a la acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York— incrementan la incertidumbre sobre el acceso de Sinaloa a fuentes de financiamiento, y afectar el perfil crediticio de la entidad.
De acuerdo con autoridades estadounidenses, el gobernador y otros funcionarios habrían conspirado con el crimen organizado para facilitar el tráfico de drogas hacia ese país a cambio de beneficios políticos y económicos, acusaciones que han sido rechazadas por el propio mandatario.
Este contexto marca un punto de inflexión, ya que introduce riesgos reputacionales y operativos que podrían afectar la relación del estado con la banca comercial, un elemento clave para su financiamiento de corto plazo.
Antes de este evento, la entidad ya enfrentaba una perspectiva negativa derivada de su dependencia de deuda de corto plazo, presiones en su liquidez y debilidad en su desempeño fiscal.
Deuda supera los 7,100 mdp y dependerá del refinanciamiento
Al cierre de 2025, la deuda total del estado ascendía a 7,182 millones de pesos, con una composición relevante de deuda de corto plazo.
Entre los principales acreedores se encuentran instituciones como Banorte, Santander y BBVA México, lo que refuerza la importancia del acceso continuo al financiamiento bancario.
S&P señaló que dará seguimiento puntual a la capacidad del estado para refinanciar estos pasivos en los próximos meses, un factor crítico ante el nuevo entorno de riesgo.
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