Gabinete de seguridad discutió caso Rubén Rocha Moya antes del golpe judicial de EU
En la reunión acudieron integrantes de la SRE, se discutieron escenarios políticos y legales ante la acusación a Rubén Rocha Moya.
Antes de que se hiciera público el señalamiento de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el narcotráfico, el gabinete de seguridad del gobierno federal sostuvo una reunión en la que se abordó el caso.
De acuerdo con el director general de EL CEO, Mario Maldonado, la mañana del miércoles se realizó un encuentro al que asistieron integrantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), quienes informaron que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York había enviado una solicitud de extradición contra Rocha Moya y otros nueve políticos mexicanos.
Según fuentes citadas por el periodista, durante la reunión un integrante del gabinete de seguridad afirmó: “Es un hecho inédito, porque son funcionarios en activo”. Otro funcionario de las Fuerzas Armadas habría añadido: “Fue una respuesta al caso de la CIA en Chihuahua”.
Fotoarte: Natalia MontielClaudia Sheinbaum pidió retrasar la información
Luego de analizar posibles escenarios legales y políticos ante la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió retrasar lo más posible la difusión del caso.
Tras varios minutos de deliberación sobre la solicitud de Estados Unidos, Claudia Sheinbaum exigió a los presentes el mayor sigilo. ‘Vamos a retrasar el mayor tiempo posible la difusión de esta información”, relató Mario Maldonado.
Posteriormente, la mandataria apareció alrededor de las 7:40 horas en su conferencia matutina y anunció que sería breve. La conferencia duró 42 minutos, en la que se informó sobre acuerdos con la industria acerera. Sin embargo, hacia el mediodía, la Fiscalía estadounidense hizo pública la acusación formal contra Rocha Moya y sus presuntos colaboradores.
Los cargos incluyen conspiración para importar y distribuir fentanilo, heroína, metanfetaminas y cocaína hacia Estados Unidos, así como participación en una estructura vinculada al Cártel de Sinaloa, uso de armas de fuego y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
EU había insistido en presunta colaboración con el narcotráfico
La acusación contra los diez políticos mexicanos se produce después de meses de advertencias por parte de la Casa Blanca sobre la presunta infiltración del narcotráfico en estructuras políticas mexicanas.
Entre los antecedentes destacan señalamientos del líder criminal Ismael “El Mayo” Zambada, reportes de inteligencia sobre facciones como Los Chapitos y acciones del Departamento del Tesoro contra redes financieras ligadas al crimen organizado.
Forman parte de un todo: el de la penetración del narcotráfico en estructuras políticas y financieras”, señaló el periodista.
Rocha Moya solo sería la punta del iceberg
La lectura sobre el caso, según Mario Maldonado, es que Rubén Rocha Moya sería solo una pieza dentro de una investigación más amplia que podría extenderse a otros actores políticos, como gobernadores, legisladores e incluso funcionarios del gabinete presuntamente vinculados a actividades ilícitas.
Las acusaciones actuales serían apenas la punta del iceberg sobre el financiamiento de campañas y la relación de estructuras políticas con grupos criminales”, subrayó Mario Maldonado.
Así, la presión sobre el gobierno de Sheinbaum aumenta, ya que “entregar o no a Rocha Moya se convierte en una decisión de alto impacto”, con posibles repercusiones en distintos frentes.
Uno de ellos sería la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que podría verse contaminada por el clima político y por la percepción de una falta de control institucional en México.
Sinaloa le terminó cobrando factura al gobierno federal. Mantener a Rocha Moya en el cargo tuvo altos costos. La pregunta es si el cálculo de no actuar sigue siendo sostenible frente a la presión de la Casa Blanca”, puntualizó Mario Maldonado.
Con información de El Universal
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