Si bien el desempleo en México llegó a mínimos históricos desde el cierre del año pasado, las condiciones del mercado laboral para acceder al sector salud aún son complicadas.
Además, las expectativas de que el desempleo seguirá con una tendencia descendente por las nuevas inversiones extranjeras asociadas al efecto del nearshoring son elevadas, situación que se empaña por la precariedad laboral.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de los 58.49 millones de ocupados que se registraron en el primer trimestre del 2023, 60.6% no tiene acceso a las instituciones de salud.
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Este porcentaje, que se limita al hecho de que el trabajo o actividad económica que realizan las personas no les dé acceso a los servicios de salud que preste una institución, pública o privada, equivale a 35.47 millones de personas.
Cabe destacar que, según INEGI, si los ocupados tienen acceso a dichos servicios por medio de un pariente que los declara como dependientes económicos o por la adquisición del seguro popular, no se clasifican en la categoría “con acceso”.
En la última década
En la última década, el nivel de ocupados sin acceso al sector salud aumentó menos que el correspondiente a los que sí gozan de este servicio, pero todavía el porcentaje es alto.
La tasa media anual de crecimiento de los primeros tres meses del periodo 2013-2023 de la población ocupada que no tiene la oportunidad de gozar a las instituciones de salud fue de 1.6%.
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Mientras el indicador de los ocupados con acceso fue de 2.8%. Esto significa el incremento promedio anual en los últimos diez años.
Con dichos resultados se observa que se ha buscado que los trabajadores mexicanos tengan a su alcance las instituciones de salud, no obstante, el porcentaje sigue elevado, ya que no se ha logrado que baje de 60%.
Problemas de gobernanza
A este contexto, se suman los problemas actuales de gobernanza en México que quitan apetito a los capitales privados por instalarse en territorio nacional, escenario que se traduciría en una menor creación de empleos.
Los problemas de Estado de Derecho, que se extienden desde asuntos de seguridad pública hasta la confianza en las instituciones de la economía mexicana, se traducen en incertidumbre económica que desalienta la inversión privada en México
advierte Banco Base.
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Para el grupo financiero, algo preocupante es que conforme se aproxime el proceso electoral 2023-2024, que formalmente comienza en septiembre del 2023, es probable que el gobierno preste mayor atención a la sucesión del poder y descuide los asuntos relacionados con la gobernanza.
Estas preocupaciones, añade, han provocado que los analistas no consideren que actualmente sea un buen momento para realizar inversiones en México.
