Organismos como el Consejo Nacional de Población (Conapo) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) tienen contabilizados a nivel nacional alrededor de cinco millones de viviendas particulares abandonadas.
Los motivos de abandono, según han identificado diversos especialistas y estudios, son múltiples, como una política de vivienda poco efectiva que permitió que se desarrollaran y entregaran casas lejanas a centros de trabajo, en lugares sin servicios básicos o la falta de empleo en la región.
Así, estas viviendas identificadas como catalizadores de violencia e inseguridad han sido objeto de múltiples estrategias de recuperación.
El Instituto Fondo para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) puso en marcha durante la gestión de David Penchyna el programa de Subastas de Vivienda Recuperada, con el cual las unidades abandonadas eran vendidas a menor precio y de acuerdo con su información, el dinero recaudado se devolvía a la subcuenta de vivienda de los trabajadores.
Con la llegada de la nueva administración eso dió un giro de timón. En enero de este año, Carlos Martínez, el nuevo director del Instituto, anunció que dichas subastas serían suspendidas pues analizarían formas más eficientes de devolver estas viviendas al mercado.
“Las subastas no tenían sentido, sólo estructurar los procesos nos salía más caro que lo que se recupera a través de ellos. En términos netos el Instituto estaba perdiendo 245 millones de pesos, por ejemplo el año pasado” comentó Martínez, en entrevista con EL CEO.
“En segundo lugar no tenía una visión urbana, sino de negocios, entonces esas 200 que se recuperaban a los cuatro años se volvían a abandonar”, agregó.
Las alternativas
De acuerdo con el directivo, lo primero que se tiene que hacer es un diagnóstico completo. El Infonavit tiene identificadas 500,000 viviendas abandonadas que ya están adjudicadas al Instituto o se encuentran en proceso judicial.
Sin embargo, ese número será precisado en abril, cuando presenten la nueva estrategia de recuperación, de la cual se están analizando dos opciones, reveló.
“Se tiene que analizar con precisión y diferenciar entre las que no se pueden recuperar de aquellas que sí tengan servicios y que sean susceptibles de arreglo”.
“Existen unidades habitacionales que no tienen ningún tipo de servicio, en los que nunca se hizo un plan correcto de urbanización y que el municipio tampoco tiene un plan de desarrollo para esas zonas en sus ejercicios presupuestales. Probablemente en esos casos tendríamos que decir que no hay posibilidad de recuperación”.
En los que sí, explicó, se tiene que ver con quién hacer la recuperación, “puede ser con iniciativa privada, con desarrolladores comprometidos con la calidad que estén dispuestos a recuperar todo el conjunto. Algunos de los desarrolladores que construyeron lo que ahora está abandonado ya ni siquiera están en el mercado, así les fue”.
Por ejemplo el caso de GEO, que fue recientemente declarada en quiebra.
“Se tiene que recuperar todo el conjunto habitacional con una perspectiva de desarrollo urbano. Si hay posibilidad, se puede hacer un plan de inversión donde se incluya además de los arreglos una parte de espacio público, para que así se pueda colocar otra vez en el mercado sin que se abandone en el futuro, que fue lo que observamos con las subastas.
“La idea es hacer alianzas con la industria privada o con los gobiernos estatales y generar planes serios para incluir espacios públicos, áreas verdes y hacer esas zonas atractivas para quienes quieran habitarlas”.
Martínez dijo que en los casos en los que no sea viable la recuperación se analizará demoler las construcciones y que sean consideradas de nuevo como reservas territoriales.
Los nuevos ejes del Infonavit
En la búsqueda de desmarcarse de las decisiones de la administración anterior, el Infonavit puso en marcha estrategias de ahorro en el gasto corriente, sin embargo, lo que señalan como más relevante es el cambio en la visión de la institución.
La meta no es “obsesionarse con el monto de créditos”, sino “preguntar a los trabajadores qué es lo que quieren y qué es lo que esperan de una institución que guarda su dinero y su ahorro”.
Marca una distinción de importancia frente a la anterior que se anunciaba como “aquella en la que se habían colocado la mayor cantidad de créditos en la historia del instituto”. En abril del 2018 entregó el crédito 10 millones.
Para este año se ajustarán a los objetivos del Plan Financiero 2019-2025 aprobado en diciembre por el Consejo, es decir que estiman colocar alrededor de 500 mil entre los distintos tipos de soluciones.
Además, se encuentra en marcha el programa de Responsabilidad Compartida, enfocado a los derechohabientes que pese a estar al corriente de sus pagos no lograban disminuir su deuda.
A un mes de ponerse en marcha han atendido a 5,666 acreditados, el objetivo son 750,000 a nivel nacional.
Adicionalmente, analizan incrementar el monto de los créditos, revisar que la valuación de las viviendas correspondan con las características y con el mercado y de no ser así ajustar los precios, además de desarrollar otras soluciones crediticias.
“Queremos agregar a las familias, actualmente por ejemplo sólo hay créditos conyugales, pero podría haber créditos familiares entre padres e hijos y lo mismo desde la parte de cobranza, no sólo de originación. Podría haber créditos entre corresidentes o entre los que sea que quieran aportar para tener un patrimonio”, indicó Martínez.
