Si bien el Programa Sectorial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) plantea los diagnósticos y objetivos en cuanto a materia TIC, telecomunicaciones y radiodifusión se refiere, no es claro en la ruta que llevará a cabo para lograr la meta.
El programa, que se desprende del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, plantea la realidad actual de cada uno de los escenarios respecto a los objetivos planteados, entre ellos, el de promover la conectividad y la cobertura, así como el acceso y el uso de distintos servicios, que es una de las metas prioritarias.
La intención es que todos estos objetivos se cumplan en condiciones que resulten alcanzables para la población, con énfasis en grupos prioritarios y en situación de vulnerabilidad, para fortalecer la inclusión digital y el desarrollo tecnológico.
El Estado es el encargado de garantizar el acceso tanto a las Tecnologías de la Información (TIC) como a los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión en condiciones de calidad y competencia efectiva.
Para garantizar ese derecho, de acuerdo con el programa, es necesario que el Ejecutivo Federal desarrolle una Política de Inclusión Digital Universal lo que, de acuerdo con analistas del sector, no es claro aún cuándo ni cómo.
El poder Ejecutivo está obligado pues todo derecho fundamental tiene, entre otras características, ser universal y programático, lo que se traduce en la necesidad de una política pública que programe el alcance de ese derecho fundamental.
Es necesaria una política publica que además tenga metas anuales y sexenales, y el programa plantea coberturas en este y el siguiente año de millones de usuarios de internet, aunque necesita más detalle de cómo va a lograrse
comentó Jorge Bravo, director general de Digital, Policy & Law.
En este sentido, el especialista señaló que esas metas deben de ser claras en su esencia social de llegar primero a los más desfavorecidos y a las poblaciones más alejadas, que generalmente no tienen ni siquiera acceso a servicios.
Toda política debe tener una estrategia, y el programa sectorial carece de ella, porque no hay análisis, ni plan definido, ni objetivos detallados; solo muchas buenas intenciones, dijo por su parte Sandra Rodríguez, abogada especialista en telecomunicaciones.
La especialista reconoce que, si bien el programa ‘tiene buenas intenciones’, corre el riesgo de quedar en ‘letra muerta’ si se da antes una instrucción del Ejecutivo, que no sea la política pública de inclusión obligada.
Los programas sectoriales deben ser claros sobre qué, cuándo, cómo y dónde se va a desarrollar para lograr los objetivos, en este caso de conectividad
comentó por su parte Sandra Rodríguez, también directora de Jentel.
Además destacó que, por ejemplo, en cuanto a telecomunicaciones y radiodifusión no es claro cómo se va a abordar el programa, puesto que no es materia de la SCT, lo que los pone en una especie de limbo pues esos sectores son materia del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
En ese punto coincide Bravo, quien por su parte asegura que el programa no menciona cómo se va a vincular con el IFT, además de que a pesar de plantear métricas y diagnóstico, no es claro el porcentaje de mexicanos con acceso a internet a los que busca llegar.
El programa plantea que, con el propósito de cerrar la brecha digital y lograr la igualdad de oportunidades, “el gobierno de México asume como tarea prioritaria impulsar el uso, la apropiación y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías”.
Esto, con la convicción de que el acceso asequible a los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión funciona como un habilitador de la inclusión social y el desarrollo integral de las personas.
Además, considera que habilita el incremento de la competitividad, el fomento a la innovación y la creatividad como motores del desarrollo económico, social y cultural, así como de la autodeterminación tecnológica.
