Políticos y figuras de poder elevan presión legal contra periodistas: The New York Times
A principios de 2026, la Asociación Interamericana de Prensa identificó a México como un lugar de nivel de “alta restricción” en su índice de libertad de expresión.
En México, políticos y funcionarios utilizan cada vez más las leyes para demandar, multar y acosar a críticos y periodistas, de acuerdo con un reportaje del medio The New York Times.
De acuerdo con grupos defensores de la libertad de expresión citados por el diario estadounidense, la censura contra comunicadores suele estar relacionada con coberturas sobre inseguridad, corrupción o crimen organizado.
Lo que estamos viendo es que los funcionarios activan el aparato judicial para intimidar dijo al NYT Leopoldo Maldonado”, director de Artículo 19.
Maldonado sostuvo que la intención de muchos de estos procesos no es reparar un supuesto daño a la reputación de los funcionarios, sino “someter a los periodistas a un periodo prolongado de desgaste”. Quienes respaldan este tipo de mecanismos argumentan que se trata de un uso legítimo de las herramientas legales.
Uno de los ejemplos citados es el de Martha Lucía Mícher, senadora de Morena, quien afirmó: “existe un tipo de periodismo muy fiel a sus principios, también existe un tipo de periodismo muy misógino”. La legisladora ha rechazado que exista un abuso de las leyes e incluso se ha declarado víctima de este tipo de prácticas.
Los casos de censura
La historia se remonta al proceso electoral de 2024, cuando una sátira difundida por Radio Teocelo, en Veracruz, sobre la entonces candidata del Partido Verde Ecologista de México, Mara Chama Villa, derivó en una resolución judicial. En abril de 2025, un tribunal federal declaró culpables a cinco periodistas por violencia política de género al considerar que “minimizaron” a la aspirante.
Pero no es el único caso. A principios de este año, un tribunal sancionó al activista anticorrupción Miguel Alfonso Meza por presunta violencia política de género contra Silvia Delgado. Meza llamó “narcoabogada” a quien representó a Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, cuando buscaba convertirse en jueza penal en la primera elección judicial de México.
Otro de los casos citados por el NYT es el de Rafael León, periodista de Coatzacoalcos, Veracruz, quien fue interceptado por un grupo armado en un operativo que inicialmente parecía un secuestro, pero que posteriormente se confirmó como una detención.
La Fiscalía de Veracruz lo acusó de terrorismo bajo el argumento de que sus publicaciones sobre cárteles generaban pánico entre la población. Aunque dicho cargo fue retirado, el comunicador aún enfrenta otros procesos.
También destaca el caso de Tribuna Campeche, medio de comunicación que ha denunciado acoso por parte de autoridades estatales a raíz de publicaciones críticas contra la gobernadora Layda Sansores. De acuerdo con el reporte, los representantes legales de la mandataria no respondieron a las solicitudes de comentarios realizadas por el diario estadounidense.
Sin embargo, la presión sobre periodistas y medios no proviene únicamente de políticos, funcionarios o instituciones públicas. Personas con influencia económica, poder político o cercanía con los gobiernos también han recurrido cada vez más a despachos jurídicos, amenazas de litigio y acciones legales para intentar frenar investigaciones periodísticas o presionar a medios de comunicación.
Ejercer periodismo en México es de “alta restricción”
A principios de 2026, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), organización que agrupa y representa a medios de comunicación del continente, ubicó a México por primera vez en la categoría de “alta restricción” dentro de su índice de libertad de expresión.
La clasificación respondió, entre otros factores, al creciente uso de demandas y otras herramientas legales por parte de funcionarios públicos “en un intento de silenciar las críticas”.
Por su parte, Paulina Gutiérrez, directora ejecutiva de R3D, organización mexicana dedicada a la defensa de los derechos digitales, señaló que en el país existe un abuso cada vez más evidente de las herramientas legales debido a disposiciones ambiguas que permiten amplios márgenes de interpretación por parte de jueces y figuras públicas.
La prensa crítica ha existido históricamente en México; sin embargo, las formas de desacreditarla o presionarla han evolucionado. Durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, las conferencias matutinas han sido señaladas por organizaciones y periodistas como espacios donde frecuentemente se cuestiona o exhibe a comunicadores críticos, mientras que suele darse mayor protagonismo a medios afines a la 4T.
Con información de The New York Times.
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