La discusión sobre la eliminación del outsourcing, que inició desde octubre pasado, se hizo oficial el 12 de noviembre, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa de reforma a la Cámara de Diputados, pero aún falta mucho por resolver.
Desde entonces, integrantes del gobierno federal, como el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, o Luisa María Alcalde, secretaria de Trabajo y Previsión Social, se han pronunciado al respecto para acompañar las principales ideas del presidente: es necesaria su eliminación para combatir un esquema que ha servido para que algunos empresarios evadan sus obligaciones con el fisco y con su fuerza laboral.
Se llevaron a cabo mesas de negociaciones con solo algunas cúpulas empresariales, como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) o el Consejo Mexicano de Negocios (CMN).
Asimismo, desde el poder Legislativo, se implementó un Parlamento Abierto para discutir los mayores riesgos y beneficios de aprobar la reforma tal como la envió el presidente López Obrador.
Con la reanudación de las labores legislativas, la AMECH organizó un diálogo para exponer cómo es que el esquema de outsourcing crea empleos formales y para proponer una medida para erradicar las prácticas de empresas evasoras.
En el difícil escenario actual que se vive a causa de la pandemia y ante la necesidad de que las empresas den continuidad a sus negocios, la subcontratación legal ha sido clave para que las organizaciones continúen con la reactivación de sus negocios
señaló Pablo Lezama, director general de la AMECH.
En México, el personal ocupado en outsourcing pasó de 3 millones 578,247 trabajadores en 2014 a 4 millones 685,356 en 2019, un crecimiento de 30.94%, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
“El 80% del comercio internacional pasa por cadenas mundiales de suministro y la participación de los países en desarrollo en dichas cadenas representa 28% de su PIB. Los esquemas de trabajo dentro de dichas cadenas son a través de servicios especializados”, advirtió Lezama, siete meses después de que entrara en vigor el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá.
Asimismo, mencionó que en el contexto de contracción económica que provocó la pandemia de COVID-19, el trabajo temporal o eventual es una fuente de empleo.
Según cifras del IMSS, para diciembre de 2020, del total de 19,773,732 trabajadores registrados, 86% eran permanentes, 13% eran eventuales urbanos y 1% eventuales del campo. Estos trabajadores se desenvuelven en cuatro sectores principales: transformación (28%), construcción (20%) servicios para empresas (14%) y comercio (14%).
“Los trabajadores temporales, se utilizan en una amplia variedad de funciones, principalmente para agregar capacidad a la fuerza laboral de tiempo completo de una organización. Esto a menudo ayuda a las empresas a cumplir con un mayor volumen impulsado por ciclos de demanda estacional, requisitos de producción a corto plazo, ausencia de empleados de tiempo completo, carencia de habilidades especializadas o experiencia necesaria para un proyecto a corto plazo”, agregó Lezama.
La AMECH recomienda la inclusión de estos puntos en la iniciativa de ley.
- Combate empresas y personas evasoras, sobre todo a aquellas que lo hicieron a través del subregistro de sueldos y pago a través de esquemas que evaden el pago de ISR, IMSS y otros.
- Mejorar la calidad del empleo del país, atendiendo temas como los cortes de antigüedad y acceso universal a prestaciones de ley
- Sobre el Artículo 14 de la reforma, proponen incluir lo siguiente: No se considerará subcontratación de personal la prestación de servicios especializados, el servicio temporal de personal o la ejecución de obras especializadas que formen o no parte del objeto social de la beneficiaria de los mismos, siempre que el contratista cuente con la autorización a que se refiere el artículo 15 de esta Ley”.
Regular outsourcing, no eliminarlo
En entrevista con El CEO, Francisco Martínez Domene, director general de Grupo Adecco, propone concentrarse por completo en la regulación de los servicios tercerizados, no en su eliminación.
“El gobierno está abierto a escuchar y por eso tenemos que aprovechar en la iniciativa privada para cooperar y buscar una solución que no sea tan radical como la iniciativa original”, dijo.
Para combatir las prácticas evasivas, recomienda hacer un trabajo preventivo que constará de llevar a cabo un registro de las empresas y los tipos de trabajo que ofrecen (especializado, tercerizado, formal) “para dotar de una infraestructura adecuada para que no sea fácil evadir impuestos”.
Martínez Domene plantea reforzar los sistemas de seguimiento de las empresas que formen parte de cúpulas empresariales que tienen representación y diálogo con el gobierno también.
“Si hubiera un registro robusto con filtros como el tipo de actividad que llevan a cabo las personas que podrán ser contratadas habría un mayor control, por lo tanto, mayores beneficios del esquema de outsourcing, como generar más empleos formales”.
Por último, recalcó la importancia de considerar los derechos laborales de los trabajadores en su discusión, impulsada por el contexto del cambio empujado por la digitalización y la explosión del trabajo a distancia.
La iniciativa es uno de los principales pendientes de la actual administración en la arena legislativa, sobre todo meses antes de los comicios en julio. Se espera que las negociaciones continúen en las próximas semanas para tener un resolución definitiva antes de que termine este periodo legislativo en mayo.
