México es uno de los países que más cubrebocas usa, pues nueve de cada 10 personas lo utilizan de manera frecuente, según una encuesta mundial realizada por la Universidad de Maryland y la Universidad Carnegie Mellon.

De acuerdo con la encuesta The Global Covid-19 Trends and Impact Survey, México se posiciona como el tercer país con el mayor uso de esta mascarilla para la prevención del COVID-19 en todo el continente americano.

Según los resultados, retomados por el diario El País, 87% de los mexicanos usan cubrebocas de manera regular; esta cifra sólo es superada por Puerto Rico con 94.7% y Chile con 91 por ciento.

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México le gana a EU y Reino Unido

Con estas cifras, México se encuentra por encima de otras naciones como Estados Unidos con 64.5%, Reino Unido con 53%, Alemania con 77% o Francia con 80.9 por ciento.

El único país europeo que supera a México en el uso del cubrebocas es Italia con 89.3%, donde es obligatorio para abordar el transporte público o acudir a conciertos.

A nivel mundial, los países asiáticos son los que más porcentaje presentan respecto al uso de cubrebocas son Taiwán, Hong Kong y Japón registran tasas mayores al 95 por ciento. 

El estudio especifica que en estos porcentajes se debe considerar las políticas públicas de cada nación, ya que algunos países como Dinamarca ya declararon superada la pandemia del COVID-19, lo que ha provocado que sólo uno de cada seis daneses use este tipo de protección sanitaria.

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SCJN avala que estados legislen sobre uso obligatorio de cubrebocas

Hace unos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) avaló que los gobiernos estatales están facultados para dictar normas e imponer el uso obligatorio del cubrebocas durante emergencias sanitarias, como la que actualmente se enfrenta por el COVID-19.

La mayoría del Pleno aprobó las reformas que aprobó el Congreso de Nuevo León a la Ley de Salud de esa entidad que establecen el uso obligatorio del cubrebocas.

Ocho de los 11 ministros consideraron que la materia de salubridad general es concurrente, es decir, que tanto la Federación como los gobiernos estatales tienen autoridad para legislar sobre el tema, siempre que los segundos no contradigan a la primera.

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