La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer que el Programa de Regularización de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera, también conocidos como autos “chocolate”, amplía su fecha de finalización hasta el 31 de diciembre de 2023.
Durante su intervención en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) desde Palacio Nacional, la funcionaria indicó que el programa ha permitido una recaudación de 4,507 millones 645,000 pesos, hasta el 25 de septiembre.
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— Gobierno de México (@GobiernoMX) September 27, 2023
Los estados fronterizos son los encargados de encabezar la lista de los que más han sumado a las arcas gracias a este programa de regularización. Tamaulipas ocupa el primer lugar con un total de 791 millones 820,000 pesos, le siguen Chihuahua y Baja California, con 783 millones 167,500 pesos y 752 millones 047,500 pesos, respectivamente.
Lo recaudado es utilizado para pavimentar las carreteras en todo el país. Hasta el 26 de septiembre sumaban 2 millones 901,114 metros cuadrados pavimentados, según datos compartidos por la secretaria de Seguridad.
Chihuahua se ubica como la entidad federativa más beneficiada, con un total de 837,990 metros cuadrados; le siguen Coahuila y Sonora, con 466,509 y 394,722 metros cuadrados, respectivamente.
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Vehículos emplacados
Rodríguez Velázquez detalló que con corte al 26 de septiembre ya suman un total de 1 millón 803,058 vehículos regularizados, de los cuales 1 millón 478,800 ya fueron emplacados, es decir, 82%.
Tamaulipas, Chihuahua y Baja California son los estados que más unidades han regularizado con el apoyo de esta iniciativa del ejecutivo federal.
La funcionaria destacó que la regularización y el emplacamiento de los llamados autos “chocolate” permite sacarlos del anonimato y así evitar que sean utilizados para actividades delictivas.
El programa cuenta con un total de 164 módulos distribuidos en 17 estados del país y cuenta con la participación de la SSCP, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Gobernación (Segob) y los gobiernos estatales.
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