Uno de los principales reclamos de los operadores del sector de telecomunicaciones en México es el alto pago de derechos por el uso y explotación del espectro radioeléctrico, una realidad que se pretende cambiar en 2023, pero difícilmente será viable en el corto plazo.
Rogelio Jiménez Pons, subsecretario de Transportes, recientemente adelantó que espera que el próximo año se logren acuerdos con legisladores y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), responsable de las finanzas públicas del país, para reducir el costo del espectro.
Yo soy un convencido de que se va a ganar mucho más bajando el espectro, somos los más caros. Vamos a ver si podemos hacer algo al respecto en 2023, son las cosas que en conjunto se pueden lograr, esperamos tener un plan muy concreto
dijo el funcionario de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
Sin embargo, un ajuste a las finanzas públicas un año antes de que termine la administración de Andrés Manuel López Obrador, en un entorno de incertidumbre macroeconómica global y de futuras elecciones en México, podría resultar “demasiado optimista”, aseguró Ramiro Tovar Landa, consultor en Regulación Económica y Política de Competencia.
En opinión del especialista, los últimos dos años de la administración Hacienda debe mantener finanzas públicas estables y robustas a fin de evitar complicaciones hacia final del sexenio.
Lo que le ha permitido a esta administración no tener una crisis de finanzas públicas es un estricto control del gasto para favorecer otros proyectos. El estatus de las finanzas públicas es prioritario para la administración, donde los derechos por uso y explotación del espectro representan un ingreso no tributario relevante
señaló el economista.
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Propuestas, aún sin réplica
En octubre de 2021, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) presentó una propuesta de reforma a la Ley Federal de Derechos en materia de espectro radioeléctrico basada en tres aspectos esenciales:
- Ajustar a la baja los derechos de las bandas para la prestación de servicios de quinta generación (5G), con una modificación de cuotas para promover el desarrollo del país.
- Modificar la estructura de derechos de las bandas de 800/850 megahertz (MHz) por Área Básica de Servicio (ABS) en lugar de hacerlo por regiones a fin de impulsar la entrada de nuevos operadores con pagos de derechos proporcionales al nivel económico de la zona a cubrir.
- Incorporar un esquema de acreditamiento de erogaciones en materia de cobertura social contra el pago de derechos por el uso del espectro radioeléctrico para llevar cobertura a localidades sin servicio móvil de acceso a internet, con la finalidad de incentivar la inversión de los concesionarios de este servicio.
Este año, la autoridad reguladora dirigió a la SHCP una nueva propuesta para atender la problemática de los elevados costos del espectro radioeléctrico en México para los servicios de telefonía e internet móviles.
En su proposición, con base en el ‘Estudio sobre la valuación y determinación de los derechos de las bandas IMT (telecomunicaciones móviles internacionales) en México’, el Instituto planteó el escenario actual del pago de derechos.
Obstáculo a competencia
El IFT señaló que la mayor parte del costo del espectro de las bandas de frecuencias asignadas en México se concentra en el pago de derechos, una situación que crea una inflexibilidad sustancial para que competidores de menor tamaño, distintos a América Móvil, puedan ajustar sus costos.
Lo anterior debido a que, mientras la empresa de Carlos Slim paga el 4.4% de sus ingresos anuales por el uso del espectro, su principal competidor paga el 13.6%, lo cual ha creado una desventaja en costos sustancial respecto a este agente económico, que es preponderante en el sector de telecomunicaciones (AEPT).
“Por lo tanto, se han afectado los incentivos de los competidores del AEPT para adquirir o mantener espectro, así como la capacidad para competir”, señala el documento.
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Licitaciones, en riesgo por espectro caro
En días previos, comisionados del IFT recalcaron la insistencia del regulador desde hace algunos años de realizar propuestas para modificar la Ley Federal de Derechos, sin dejar de lado que ‘la última palabra’ la tiene Hacienda, al tiempo de buscar nuevos mecanismos como reconocer las inversiones o asignar un precio distinto al espectro en función de la región o del tipo de localidad que atienda.
Si bien aplauden que haya más voces que se sumen a la solicitud de reducir el costo del espectro, los funcionarios hicieron énfasis en el impacto negativo que tiene esto en las licitaciones de espectro.
Por ejemplo, en la licitación más reciente, la IFT-10 en 2021, solo se asignaron tres de 41 bloques, mientras los 38 restantes quedaron desiertos.
Los altos costos por el pago de derechos también provocaron que en 2019 Telefónica México, que entonces era el segundo jugador de telefonía móvil en el país por número de usuarios, anunciara el regreso gradual del espectro concesionado al Estado mexicano.
Este asunto afecta las licitaciones que lleva a cabo el Instituto porque ya el margen que tiene para establecerlas es un margen muy bajo, y tiene impactos también en despliegue de redes, competitividad, entre otras cosas
aseguró Sóstenes Díaz, comisionado del IFT.
En ese sentido, puntualizó que las licitaciones “siguen estando el riesgo” pues, si el pago de derechos que tienen que hacer los concesionarios no va acorde con los planes de negocio, estos prefieren esperar a que haya mejores condiciones de mercado para poder entrar a proveer servicios de telecomunicaciones a través de nuevas bandas, lo que “es un riesgo que está a la vista”.
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