Las recomendaciones y críticas internacionales han sido una constante sobre la situación de los derechos humanos en México durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

La administración, que entrega las riendas en un mes, dejará pendientes en la materia y algunos expertos califican el legado del presidente como una profunda crisis con tres sellos: violencia, corrupción e impunidad.

Así ocurrió la semana pasada en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en lo que fue el Mecanismo de Examen Periódico Universal (EPU), que fungió como última evaluación del gobierno peñanietista ante 102 países representados en el organismo. Los resultados no son positivos.

Fueron 264 recomendaciones que emitieron los otros países en esta edición 2018 a la comitiva mexicana –representada por 14 instituciones– donde los temas principales fueron en materia de desaparición forzada, tortura, crímenes contra periodistas y activistas, feminicidios y violencia de género, así como la necesidad de una Fiscalía autónoma.

Para darse una idea del aumento en la cantidad de recomendaciones que se hicieron, en los dos ejercicios anteriores del EPU se emitieron 267 en total.

Ante el examen ocurrido el 7 de noviembre, la comitiva mexicana aceptó la existencia de los retos que prevalecen en la materia. El siguiente paso es que el Gobierno admita o no las recomendaciones en marzo del 2019, fecha en que ya estará a cargo la administración de Andrés Manuel López Obrador.

El #ColectivoEPUmx es una iniciativa de 200 organizaciones que desde hace meses han trabajado para llevar hasta la ONU –aprovechando el Mecanismo de Examen Periódico Universal de México– las exigencias de las sociedad civil en materia de derechos humanos.

Zúe Valenzuela, abogada de Red TDT e integrante del colectivo, destaca en entrevista que la actitud de la comitiva mexicana fue de no negar y minimizar la actual crisis en la materia que se vive en el país, y que, según sus argumentos, han hecho cosas pero aún falta mucho por realizar, lo que ve como un buen comienzo.

“A México le dicen un poco cómo puede mejorar su situación de derechos humanos, que es bueno que acepte que se le hagan recomendaciones, pero también le dicen: pon de tu parte”, agrega.

Valenzuela recuerda que lo que ocurrió hace unos días puede ser un punto de partida para la próxima administración, que de aceptar los consejos de los otros países podría tomarlo como una agenda de derechos humanos que se puede implementar en la siguiente administración.

Nosotros en nuestro eslogan decíamos que el día de la evaluación, México reprobó. Era la palabra que utilizamos para describir el desempeño del gobierno mexicano. En 2013 manejaron una postura de aceptar ese escrutinio internacional y decir sí aceptamos las recomendaciones, pero ya en la realidad no implementaron nada y no se plasmó en políticas públicas

Zúe Valenzuela, abogada de Red TDT

En ese mismo punto, María Luisa Aguilar, colaboradora del área internacional del Centro Pro DH, destaca la importancia de la evaluación internacional, ya que es la preocupación de otros países que evalúan la situación de México y que lo ponen ante los ojos del mundo.

Me parece que es muy claro cómo la comunidad internacional expresa su preocupación frente a la situación, también da cuenta de que por más que México ha intentado en espacios como el Consejo de Derechos Humanos, de tener una reputación que promueve nuevas resoluciones, nuevos mecanismos de construcción para nuevos tratados, la comunidad internacional se da cuenta que esa es una cara de la política exterior pero que la situación de México va en decadencia

María Luisa Aguilar,  colaboradora del área internacional del Centro Pro DH

Para Aguilar, lo significativo de que esta evaluación se realizara en estos días previos al fin del sexenio, muestra que en la administración de Peña Nieto no hubo un esfuerzo por abordar el tema de la crisis de derechos humanos desde una perspectiva integral o con visión de las víctimas, lo que evidencia la falta de voluntad.

Una crisis profunda

Emilio Álvarez Icaza, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamerica de Derechos Humanos (CIDH) y uno de los personajes más críticos del gobierno de Peña Nieto, califica con dos palabras lo que ocurre actualmente en México: crisis profunda.

El quiebre sin duda son Tlatlaya y Ayotzinapa, pero es la última expresión extrema del no cambio en una política pública que Peña ofreció respecto al gobierno de Calderón, y que ha generado una crisis de proporciones sin precedentes en materia de desapariciones forzadas, homicidios violentos, si la cosa sigue así, el 2018 podría ser peor que 2017, el peor año en violencia en las últimas dos décadas

Emilio Álvarez Icaza, activista y senador sin partido

El actual senador sin partido califica como agudo, crónico y profundo el problema que se tiene en materia de derechos humanos. “Se hace peor cuando tenemos diagnósticos internacionales que señalan los problemas y que diagnostican la situación, pero las soluciones no llegan”.

Para Álvarez Icaza es necesario que la próxima administración ataque la impunidad y que haga realidad los compromisos en la materia que ya tomó, y evitar repetir la actitud del gobierno saliente que en lugar de atender y aceptar las recomendaciones internacionales, se puso a atacarlas y acabó en otra crisis de magnitud mundial.

Para el activista Javier Sicilia, quien comenzó una lucha desde el sexenio de Felipe Calderón tras ser víctima de la violencia, cuando su hijo Juan Francisco fue asesinado en Morelos, el legado que deja Peña Nieto en materia de derechos humanos es un país en estado de indefensión.

Es una continuación del calderonismo, gravísima, dejan a un país en estado de indefensión tanto para su población como por aquellos casos como defensores de derechos humanos y periodistas. Nunca se ocuparon de detener eso

Javier Sicilia, activista y escritor

A dos semanas y media de que termina el actual gobierno, los ojos del mundo voltearon a ver la preocupante situación de violencia que hay en el país, hicieron importantes recomendaciones pero también dieron su voto de confianza para que la siguiente administración las acepte y trate de remediar la crisis que se le hereda.

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