Dentro de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México es la nación que más desconfía de los funcionarios públicos, ya que el 68.9% de sus habitantes considera probable que este tipo de autoridad tenga comportamientos corruptos.

Además de México, Colombia es el segundo país con mayor porcentaje de desconfianza en los funcionarios públicos, pues el 60.8% piensa que un servidor de este tipo aceptaría dinero de un particular o de una empresa a cambio de acordarle una prestación de servicio acelerada.

Los porcentajes contrastan con el 35.7 de media en los 22 países que se sometieron voluntariamente por primera vez a la evaluación sobre la confianza en las instituciones públicas

compartió la OCDE.

En los países nórdicos —Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega o Suecia— son menos del 30% los que temen ese tipo de comportamientos que minan la confianza en los funcionarios públicos; en Países Bajos ni en Nueva Zelanda tampoco se llega a ese umbral del 30%.

El único país que se acerca un poco a la percepción de colombianos y mexicanos es Portugal, con 49.6%.

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Cerca de 66% de colombianos no confía en su gobierno

La OCDE determinó que el 41.4% de los encuestados no confía en el gobierno de su país, una proporción que toca techo en Colombia, con el 66.7% y supera también la mitad de los encuestados en Letonia, con 62.3% y en Francia, con 53%.

En contraste, la desconfianza de Finlandia en su gobierno se estima en 16.8% y en Noruega 22.3%, dicha cuestión no se planteó a los mexicanos.

Por otro lado, el 32.6% de los encuestados afirman que su país no sería capaz de responder a una futura pandemia; mientras que el 61.7% se dicen satisfechos con su sistema sanitario público, el 57.6% se siente satisfecho con su sistema educativo y el 63% con los servicios administrativos.

Respecto a la confianza que generan las instituciones públicas, la policía es la que posee mayor porcentaje con cerca de 67.1%; por delante de los tribunales, con 56.9%, la Administración, con 50.2%; autoridades locales, 46.9%, gobiernos nacionales, 41.4% o del Parlamento, 39.4%.

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