Las universidades privadas de México ofrecen a sus alumnos distintas alternativas de “becas financiamiento”. Algunas por medio de alianzas con terceros y otras pocas mediante préstamos directos. Estas becas carecen de un marco regulatorio específico, lo que puede exponer a padres y alumnos a malas prácticas por parte de los prestamistas.
La Condusef sólo tiene injerencia sobre instituciones financieras, y las escuelas no lo son(…) en todo caso, si yo hago un convenio con la universidad y me da un contrato, este debería decir ‘en caso de controversia se hará valer con A, B o C’.
Jesús Chávez Ugalde, Director de análisis de servicios y productos financieros, Condusef
En la práctica, la mayoría de los contratos universitarios establecen un comité interno de resolución de controversias, y sus contratos se limitan a señalar que “están regidos por la legislatura aplicable”, sin aclarar de qué legislatura se trata.
Quien tiene que conocer de este tipo de casos es la Profeco. No se pueden meter al ámbito financiero(…) pero sí puede conocer sobre los plazos y el crédito que dan (las escuelas). En una conciliación se puede pedir que se bajen los intereses en caso de que sean impagables. Las escuelas pueden reclamar que la Profeco no es autoridad competente, pero sí está contemplado dentro de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Leopoldo Jácome, maestro en Derecho Corporativo
El artículo 5 de la Ley de Protección al Consumidor explica los ámbitos que se encuentran exentos de ser regulados por la misma, y los préstamos educativos no caen dentro de ninguno de ellos.
Jácome también declaró que él personalmente ha visto más de 200 casos de descontentos, por lo que una acción colectiva llevada por Profeco y asesorada por Condusef podría ser una alternativa eficiente e incluso un primer paso para erradicar este problema.
Sin embargo, voceros de la Profeco dijeron a EL CEO que no sólo no tienen injerencia en este tema, sino que no han recibido queja alguna de universidades privadas en lo que va de la administración.
Este dato salta si se considera que en 2017 se recibieron 107 quejas, y que este fue el año con menos quejas a universidades desde 2012.
Chávez Ugalde explicó que la intervención o no de la Profeco no exime a las universidades de cumplir con sus contratos, y en caso de polémica, los alumnos pueden acudir a tribunales.
Además, concedió que existe cierto riesgo en el actual esquema de los contratos, pues no existe una entidad que pueda hacer observaciones a las cláusulas contenidas en los mismos. “Lo ideal es que la autoridad lo revise o lo regule”. De acuerdo con Profeco, tampoco tiene registrados contratos de universidades privadas.
Este riesgo es más preocupante si tomamos en cuenta que, de acuerdo con HSBC, un alumno tiene una diferencia financiera promedio de 143,858 pesos entre los fondos necesarios para terminar una carrera y los fondos con los que cuenta.
Los créditos educativos también pueden colocar al deudor en el buró de crédito y afectar su historial crediticio. Según Jácome, varios de estos créditos son impagables, tanto por las altas tasas de interés, como por la dificultad que los egresados tienen para encontrar trabajo de forma expedita.
(La falta de regulación) no es sólo que creamos que son organizaciones respetables, sino que están vendiendo un producto obligado para quien se quiere superar y mejorar su situación socioeconómica, es un producto aspiracional y eso les da mucho poder
Leopoldo Jácome, maestro en derecho corporativo
Finalmente, Chávez Ugalde advirtió que lo ideal es consultar siempre con Profeco y Condusef antes de firmar un contrato, para asegurarse de que está registrado, pues eso ayuda al usuario en caso de una inconformidad.
“Yo compararía los términos con instituciones financieras y elegiría la más barata, personalmente yo creo que me inclinaría por una institución financiera porque sé la línea en la que fue estructurada la institución y su producto financiero”.
