Por: Sunny Arely Villa Juárez
Cuando a la mayoría de la población le va bien, al país le va bien. En México el 51% de la población somos mujeres, según el último censo del INEGI. Por tanto, el presupuesto y las políticas públicas que se financian deberían beneficiar a la mayoría de la población, es decir, a las mujeres.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 existe un anexo transversal que reconoce los programas presupuestarios y el financiamiento destinados a la igualdad entre hombres y mujeres.
Para este año se aprobaron 233,732.3 millones de pesos en este anexo, lo que representa 3.3% del total del presupuesto federal. Lo anterior pone de manifiesto que incorporar la perspectiva de género dentro de cada programa presupuestario al 96.7% es una tarea pendiente.
La política fiscal actual no es neutra al género. Un ejemplo de ello es la distribución del gasto público en pensiones contributivas. Este gasto se aproxima a la recaudación por IVA que pagamos de manera equitativa todas y todos.
En contraste, la distribución del presupuesto por pensiones contributivas se destina en 58% a los hombres y el resto a las mujeres, según se revela en los perfiles de gasto del Simulador Fiscal del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C. (CIEP).
Esto es un efecto del trabajo no remunerado y sin seguridad social que históricamente han desempeñado las mujeres principalmente.
Más presupuesto con perspectiva de género
Incorporar la perspectiva de género dentro de los presupuestos públicos va más allá de clasificar el gasto que se realiza entre hombres y mujeres.
La presupuestación con perspectiva de género es una herramienta para disminuir las desigualdades históricas que han invisibilizado el papel de las mujeres en la economía formal.
Para ejecutarlo se requiere que se reconozcan las construcciones sociales que ponen a las mujeres en desventaja, así como las necesidades particulares de bienes y servicios derivadas de las desigualdades sistémicas.
Por ello, resulta imperante que las mujeres tomen posiciones de liderazgo en el diseño, elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación del presupuesto público. Un gran trabajo para el Congreso de la Unión, quien pronto podrá debatir, modificar y en su caso aprobar el presupuesto público para 2023.
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Sistema de cuidados remunerado
La pandemia del COVID 19 ha evidenciado la necesidad del trabajo de cuidados. Una actividad principalmente no remunerada que históricamente se les ha asignado a las mujeres.
En 2020, el número de horas dedicadas por toda la población al trabajo del hogar no remunerado se incrementó en 81 millones de horas semanales respecto del año anterior. Este trabajo se valuó en 27.3% del PIB y se aportó en un 73.3% por las mujeres.
Sin embargo, al no tener políticas de cuidado nacionales, que permitan reducir la desigualdad de oportunidades para que las mujeres se inserten en el mercado laboral formal, esta aportación, que podría ser económica, no es reconocida ni remunerada.
Financiar políticas públicas para el cuidado a través del presupuesto podría ser la llave para un mayor crecimiento económico y reducir desigualdades.
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El gran reto del paquete económico 2023 es incorporar políticas tributarias y de gasto que aborden las desigualdades sistémicas de género. No hacerlo podría profundizar las brechas existentes, consolidar la desventaja de las mujeres y perjudicar la posible recuperación que esperamos ante la pandemia.
Necesitamos un mayor crecimiento, una mayor estabilidad económica, una menor desigualdad de ingresos y para ello es necesario un presupuesto público con perspectiva de género.
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